Desde la crisis mundial, que comenzó en EE.UU en 2007 con el estallido de la burbuja de hipotecas subprime, el sistema financiero global ha experimentado un profundo cambio. En Europa, hasta el 2016, habían quebrado y cerrado alrededor de medio millar de bancos, cifra similar a la que se observó en EE.UU, mientras otros tantos, han debido recurrir a ayudas públicas, nacionalizaciones, fusiones y/o adquisiciones.

La nueva arquitectura propietaria, estructural y legal del sistema ha ido posibilitando que la mayoría de los que superaron el peor momento hayan pasado ya por el piso de sus pesares, pero los coletazos del fenómeno de ultra liberalización financiera que estimuló el desastre en la “década de oro” se siguen sucediendo, a casi ya una década de su impacto global.

En efecto, uno de los mayores inversionistas de Chile y presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic ha reconocido y lamentado la pérdida del capital colocado en el Banco Popular de España, apuesta en la cual ha perdido unos US$100 millones en pocos días. En virtud de la operación de salvataje de dicha entidad, sus accionistas pierden toda la inversión, según se desprende del documento del Fondo público español de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Como se sabe, el Popular español, que estaba al borde de la quiebra, fue vendido recientemente al Santander por el simbólico valor de un euro ($750), según anuncio de las autoridades europeas, estrenando así el mecanismo para rescates bancarios diseñado en Europa, una gestión encabezada por el Banco Central Europeo que causó millonarias pérdidas a los 300 accionistas de la entidad hispana, aunque, de acuerdo declaraciones del ministro español de Economía, Luis de Guindos, sin que esta vez tengan que utilizarse “recursos públicos”.

En el hecho, su nuevo dueño, el Santander, tendrá que aumentar de capital del Popular en unos US$7.855 millones y disponer provisiones adicionales por otros US$8.865 millones, hecho que hizo caer instantáneamente el valor de las acciones del Santander en 2.6%, tras el anuncio.

El Banco Popular es el sexto banco más grande de España, con una cuota de mercado según depósitos del 7% del sistema bancario. Si bien no alcanzaba el poder de Santander o el BBVA, su dimensión es relevante y, en el segmento pymes, controla el 18% de cuota de mercado.

Que el suceso pueda interpretarse como coletazo de la crisis de 2008 surge del hecho que el Banco Popular participó activamente en la creación de la burbuja inmobiliaria de los 90 y 2000 y una de las principales causas de su insolvencia fue el enorme peso de los activos inmobiliarios tóxicos que había acumulado desde el estallido de la burbuja subprime.

Ya en mayo de 2016 había anunciado sorpresivamente una ampliación de capital de 2.500 millones de euros para mejorar su solvencia y rentabilidad y fortalecer su balance, operación que iba acompañada de un plan para liberarse, antes de 2018, de unos 15 mil millones de euros en activos improductivos, su talón de Aquiles. Pero pese a que la gran mayoría de los accionistas concurrió a la operación, registraron fuertes pérdidas, pues las acciones del Popular cerraron 2016 con una depreciación bursátil de casi el 66% respecto del año inmediatamente anterior.

La dramática reducción de su valor continuó a principios de 2017, incentivada por las dudas sobre su futuro, luego que iniciara la separación de la gestión de su actividad principal y el negocio inmobiliario, al tiempo que reducía la plantilla en más de 2.000 empleados y cerraba unas 300 oficinas.

El esfuerzo, empero, resultó inútil, y el mercado siguió castigando a la entidad en la Bolsa de Madrid, donde a fines de 2016, reconoció pérdidas récord de más de 3.600 millones de euros, consecuencia de la normativa de incremento de provisiones. Tras un par de esfuerzos más por parte de su directorio -que incluyeron propuestas de fusión- y la acción en mínimos históricos, el Popular finalmente se reunió con representantes del Central Europeo para explicarles la situación, informando que en los últimos meses había tenido una huida masiva de accionistas, entre ellos, el Credit Mutuel. Una vez que el BCE constató la inviabilidad de la entidad y para “garantizar la seguridad de los depositantes”, el Santander compró el 100% del Popular por un euro.

Luksic ha utilizado su cuenta de Twitter para hacer sus descargos, luego que su apuesta por la entidad española resultara fallida: “No siempre se gana, las inversiones tienen riesgos”, dijo escuetamente, aunque tras criticar la acción del BCE dijo que analiza “una posible apelación, convencido de que el Banco tiene valor”.

Santander, por su parte, junto con informar que fue “seleccionada como entidad adjudicataria”, en la subasta realizada por el Fondo Único de Resolución y el FROB, dijo que potenciará al Popular tras haberle sido transferidas “todas las acciones e instrumentos de capital del Banco Popular al Banco Santander”, entre ellas, las de Luksic.

La aclaración de De Guindos de que esta vez no hay capital público involucrado en la enajenación no es trivial: gracias a la venta, el Popular seguirá operando regularmente en un mercado como el hispano aún choqueado por el recuerdo del rescate europeo en 2012 de su sector bancario, en donde el Estado dispuso de un monto de más de 41.000 millones de euros. Oficialmente, ese tipo de rescates era sólo para el sector bancario, devastado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero, entre las condiciones había muchas macroeconómicas, razón por la que de Guindos aclaró ahora que al no emplearse fondos públicos se descarta “un eventual contagio entre riesgo soberano y bancario”. Añadió que “la situación actual es muy diferente a la del 2012, dada la buena salud del conjunto del sector financiero y de la economía española en general”, que creció 3,2% en 2015 y 2016.

Pero es el grado de profundidad con que los bancos hayan purgado sus excesos durante la crisis de 2008 y sus nuevos modelos de negocio, los que determinarán cómo estarán posicionados para sacar provecho de una futura recuperación de la economía.

Por de pronto, ningún gran país de la Unión Europea, en mayor o menor medida, pudo evitar inyectar dinero público en su sistema financiero, lo que llevó a drásticos cambios regulatorios y dejó como lección la decisión de los Gobiernos de no volver a recurrir al contribuyente para salvar a la banca y que quienes deben pagar ahora son en primera instancia los accionistas, bonistas y depositantes y solo en muy última instancia, en el Estado. Después de todo, las pérdidas en la aventura de 2008 para los contribuyentes superaron el millón de millones de dólares. No siempre se gana.