El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, decidió absolver al comunero mapuche Sabino Catrilaf, acusado por el Ministerio Público de tenencia ilegal de arma de fuego y munición, en torno al caso Luchsinger-Mackay.

Luego de dos días de juicio, los magistrados resolvieron dejar sin efecto los cargos formulados por los persecutores. Después del incendio, personal policial aseguraba que encontró en su domicilio una escopeta calibre 16 con sus respectivos proyectiles.

El abogado de Sabino Catrilaf, Rodrigo Román, indicó que este cargo se logró separar del proceso central, que es la muerte del matrimonio y transformarlo en una causa derivada de la investigación.

Román precisó que la Fiscalía pretendía ligar el arma de fuego con la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, fallecidos después de producirse un incendio que afectó a su vivienda ubicada en la comuna de Vilcún el 4 de enero del año 2013.

“La pretensión del Ministerio Público era consolidar el caso madre a aquella arma con el supuesto homicidio del matrimonio. El tema es que la escopeta que efectivamente mi representado tenía en su poder tenía más de 80 años, heredada de su abuelo, casi de colección, debidamente inscrita. Aun así el Ministerio Público, con la contumacia que lo caracteriza, llevó a juicio por esta causa en particular a Sabino Catrilaf, donde el único resultado era la exculpación. Un paso más en el camino que nosotros hemos denominado la absolución de cara al juicio oral”, argumentó el abogado.

Pese al fallo absolutorio en esta causa, Sabino Catrilaf permanecerá en prisión preventiva a la espera del juicio donde está acusado, junto a otras 10 personas, de incendio terrorista con resultado de muerte en el marco del Caso Luchsinger – Mackay.

Dentro de los imputados también está la machi Francisca Linconao, quien llevó adelante una prolongada huelga de hambre. Luego de reiteradas solicitudes, la machi logró que se le modificara sus medidas cautelares concediendo el arresto domiciliario, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud.

Acción de protesta similar habían realizado el pasado 27 de junio los imputados Juan Tralcal, Luis Tralcal y José Tralcal, quienes mantenían ayuno líquido en la cárcel de Temuco desde el 29 de mayo, acusando una dilación del proceso en su contra.

El abogado de los comuneros, Sebastián Saavedra, indicó que bajaron la huelga porque la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de hecho interpuesto por los querellantes y eso dejó sin sustento un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional. Para el jurista, lo que buscaban los representantes de la familia Luchsinger-Mackay era que se generara una paralización del juicio por aproximadamente un año más, extendiendo con esto la prisión preventiva de los acusados.

“Afortunadamente en este caso, el requerimiento fue desestimado por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto, confirmada la fecha del juicio ellos han depuesto su acción. Están esperanzados de que la justicia les dé la razón y en definitiva se resuelva lo único posible en este caso, que es la absolución de todos los imputados”, detalló el abogado.

En tanto, la abogada Manuela Royo, integrante del equipo defensor de los 11 imputados en el caso, adelantó que su estrategia será probar que sus representados no estaban en el lugar al momento del incendio. Según la jurista, representante de Sergio, Sabino y Hernán Catrilaf, el Ministerio Público basa sus acusaciones sin pruebas contundentes. Aseveró que han fundado sus denuncias, sólo por el hecho de ser mapuche y vivir en las inmediaciones del fundo donde se produjeron los hechos.

“Existe una serie de prejuicios sobre los que la fiscalía ha levantado su teoría del caso, principalmente imputando por el sólo hecho de pertenecer a las comunidades que viven en el sector. Más allá de la declaración de Peralino, que fue superada por su misma declaración, ellos son personas que trabajan en la Feria Pinto, una especie de vega en Santiago, que funciona de noche, por lo que al momento de los hechos se encontraban trabajando. Hay personas que son testigos de eso”, subrayó la abogada.

Por su parte, la fiscalía valoró una reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que reincorporó dos pruebas excluidas previamente en el bullado caso.

El fiscal vocero de la causa, Luis Torres, comentó que la decisión de la Corte “determinó que no había vulneración de garantías en la obtención de dos medios probatorios”. Precisó que una de las evidencias es un informe de la Comandancia de Bomberos respecto del incendio intencional del fundo Lumahue. La otra prueba corresponde a tres planos de la casa del matrimonio. El persecutor indicó que son pruebas “muy importantes para el Ministerio Público”, ya que van a permitir “determinar las causas del siniestro y confirmar que se trata de la acción de terceras personas“.

El próximo 21 de agosto a las 9 de la mañana comenzará el juicio oral, que se extenderá por 50 días hábiles hasta el 23 de noviembre.