Este sábado un grupo de organizaciones de la sociedad civil se congregaron, a eso de las 11 de la mañana en Plaza Italia. Era la víspera del “Día del niño y la niña” y había globos de colores por todas partes. Cientos de personas se habían reunido para marchar por los niños muertos del Sename, bajo el lema “Nunca más solos”.

Aunque la marcha estaba programada con anticipación, coincidió justo con la apertura de una nueva arista del Caso Sename. Este jueves el proceso alcanzó a otras instituciones debido a la posible revelación de antecedentes reservados relativos a la autopsia e historial médico de Lissette Villa, niña que murió en el Centro Galvarino dependiente del organismo.

En este marco, la Fiscalía resolvió citar en calidad de imputado por la posible revelación de información de carácter secreto, al ex director del Servicio Médico Legal Patricio Bustos, quien fuera acusado de esto en abril, en el marco de su declaración judicial, por la ex ministra de Justicia Javiera Blanco.

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En medio de la crisis del Sename, otro organismo que ha sido fuertemente criticado durante los últimos días por distintos sectores de la sociedad es el Consejo Nacional de la Infancia, entidad que comenzó a operar en marzo de 2014, tres días después que Michelle Bachelet asumiera como presidenta.

Las deudas del Consejo Nacional de la Infancia 

El organismo se constituyó como una instancia asesora presidencial en temas de infancia y uno de sus objetivos es “generar una nueva Ley de Garantías Universales de Derechos de la Niñez y la Adolescencia que será el marco legal que guíe al Estado para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño”. Dicho proyecto se encuentra actualmente en el Senado con urgencia simple, es decir debería ser despachado en un plazo máximo de 30 días.

Algunas de las críticas que se le han hecho al Consejo Nacional de la Infancia se refieren a las pocas horas de trabajo que expresan sus actas, las cuales advierten que en casi cuatro años solo habría sesionado siete veces. Además, se cuestiona su presupuesto, el que supera a los tres mil millones por año.

Sobre este último punto, un informe citado por los diputados de Chile Vamos Felipe Ward y Marcela Sabat señala que del total de recursos con los que opera la entidad, la mitad se  utilizaría para gastos del personal. Esto, permitiría que su actual Secretaria Ejecutiva, Estela Ortiz, cuente con un sueldo que supera los 7 millones.

*Fotografía de la página Marcha Oficial por los niños (Sename)

David Órdenes, director de la Corporación La Caleta, dijo que este organismo se ha limitado a desarrollar propuestas sobre el proyecto de ley de Garantías de la Niñez, a la nueva institucionalidad y a la legislación sobre la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, desde su perspectiva, no han sido escuchados por el Ejecutivo.

“Incluso las propuestas que hemos podido desarrollar como sociedad civil, en las que el Consejo ha actuado como un interlocutor, no han sido escuchadas por el Gobierno. No digo que lo que ha trabajado el Consejo sea inútil, pero específicamente en relación a las propuestas que ha realizado no ha sido escuchado”, afirmó.

Sobre el desempeño de Estela Ortiz, Órdenes señaló que, como el Consejo no es vinculante, su rol se ha limitado a la interpelación. En ese sentido, advirtió que su perspectiva ha sido anulada y no se han considerado los procesos que como entidad han desarrollado.

Para el director de La Caleta, es el Gobierno quien debería ser transparente con los recursos que ha invertido y los logros que ha tenido, principalmente en materia legislativa, ya que a 27 años de la Convención de los Derechos del Niño, Chile todavía no cuenta con una ley que garantice aquello.

Hace poco más de un año, la Unicef reveló que los niños vulnerables de Chile eran los mas pobres de la OCDE.

Lorena Bustamante, de la Red infancia Chile, es enfática en señalar que el Consejo Nacional de la Infancia no ha hecho el trabajo que le corresponde. Afirmó que la entidad no ha sido ni transparente ni representativa. Del mismo modo, criticó el desempeño de Estela Ortiz.

“Es una persona que no ha sido representativa, específicamente en hacerse parte del tema Sename y de las problemáticas que hay en el interior. Ella debería ser garante de los derechos de todos los niños de Chile y no lo ha hecho así. Gana grandes sumas de dinero, pero los derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes se siguen negando. Tiene que haber un cambio efectivo”, manifestó.

Diana Medel, de la ONG Firmamento, agregó que no ha sido relevante el trabajo que esta entidad ha hecho con la infancia, fundamentalmente porque no se ha emitido un informe con logros concretos en estos casi cuatro años.

En 2016, Estela Ortiz argumentaba que la “complejidad” del tema “hace que no se pueda actuar tan rápidamente”. Y en las últimas semanas en escuetas entrevistas ha criticado la “utilización política del tema”.

Institucionalización de la infancia: Una mala costumbre

Otro aspecto del Consejo que critican desde la ONG Firmamento es que no han presentado una política que apunte a solucionar los problemas del Servicio Nacional de Menores (Sename) y evitar la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes.

Diana Medel explicó que la cifra de niños que están bajo la tutela del Sename aumenta cada año porque no hay estímulos ni programas que incentiven lo contrario. “Esto se ha transformado en una mala costumbre, la solución es apuntar hacia otros problemas”.

En esa línea, advirtió que más que invertir en la mantención de los niños y adolescentes dentro de los centros del Sename, se debería invertir en viviendas dignas y subsidios para las familias que lo requieran.