El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó a dos ex cuidadoras de trato directo del Servicio Nacional de Menores (Sename), Cinthia Galaz y Orfelina Valdés, ambas se encontraban formalizadas por apremios ilegítimos contra Lissette Villa.

La justicia estimó que haber envuelto a la niña en una sábana fue un mecanismo de contención reprochable pero que no configuraba un delito.

Mientras que la tercera cuidadora formalizada, Thiare Oyarce, no fue sobreseída porque aún sería necesario determinar su eventual responsabilidad por haber sostenido a la niña de los pies, momentos antes de que falleciera.

El fiscal Marcelo Sambuceti dijo que las acciones ejercidas por las ex cuidadoras no pueden ser consideradas solo faltas administrativas. El persecutor recalcó que “claramente los niños y niñas de este país no tienen resguardo institucional”.

En ese contexto, el Ministerio Público recurrirá a la Corte de Apelaciones para revocar este fallo, en los siguientes cinco días según establece el plazo legal.

En tanto, para la abogada de las ex cuidadoras Jacqueline Stubing hay factores que desencadenaron estos actos relacionados con las condiciones laborales en que se desenvuelven las encargadas. La jurista cuestionó: “¿Qué más se les puede pedir si ya están en condiciones deficientes?”.

En esa línea, la Asociación de Trabajadores de Sename (Antrase) denunció las graves condiciones de funcionamiento en el CREAD de Galvarino, el recinto donde falleció Lissette Villa en abril de 2016,  ubicado en la comuna de Estación Central.

El dirigente nacional de la organización, Hernán Olivi, dijo que este recinto se mantiene en condiciones inaceptables, pese a todas las denuncias y los compromisos del Gobierno de mejorar la calidad de los servicios para evitar más muertes de jóvenes internados.

A su juicio, el riesgo de que se produzca una nueva tragedia en el recinto sería inminente. “Actualmente está trabajando una educadora por casa cuando deberían haber tres porque permanecen por lo menos 20 niños bajo su cuidado. Aquí se ha evidenciado la desidia de las autoridades”, dijo.

El diputado del PPD Ramón Farías, quien integró la comisión investigadora Sename 2, cuestionó la medida aplicada por la justicia y llamó a revisarla en detalle. “El tipo de contenciones aplicadas a Lissette claramente podrían conducir a un delito y en este caso donde hubo una muerte es claro que si o si existe vulneración”, resaltó el parlamentario.

En otra arista del caso Sename a cargo del fiscal regional Marcos Emilfork, se solicitaron formalizaciones por la muerte de  Rechel Contreras de 10 años, ocurrida en febrero de 2016.

El Ministerio Público pidió formalizar por cuasidelito de homicidio a la directora del centro Fundación Padre Alceste Piergiovanni  y a una educadora de trato directo que estaban al cuidado de la niña.

El fiscal Patricio Poblete explicó este era un organismo colaborador de Sename que trasladó a Rechel a un centro vacacional, pero que habría incurrido en una negligencia por no otorgarle los cuidados especiales considerando que padecía Lupus.

“No se trataba de cualquier niña sino que una niña que tenía una enfermedad de base y que debió ser cuidada de mejor manera por parte de las personas que la tenían bajo su cuidado. En medio de esta investigación, también hemos determinado que se entregaron antecedentes falsos de esta organización a un tribunal de la República”, sostuvo.

Vulneración a los Derechos Humanos

Distintas organizaciones han apuntado a la grave vulneración de derechos humanos que enfrentan los niños bajo la protección del Estado.

Hace algunas semanas un grupo de académicos de la Universidad de Chile planteó la necesidad de crear una Comisión de Verdad y Reparación para los niños de Sename afectados, considerando los más de mil 300 jóvenes fallecidos al interior de estos centros, entre 2005 y 2016. Sin embargo, desde el Ejecutivo esta instancia habría descartado.

Mientras, los funcionarios del Sename afirmaron que sería apresurado conformar este tipo de instancia porque muchos de los datos no han sido constatados o responderían a muertes por causas no vinculadas directamente a la institución, pese a que reconocieron deficiencias en toda la red estatal.

A pesar que desde el gobierno se ha planteado que es “exagerado” hablar de una violación sistemática de los Derechos Humanos desde el Estado , el fiscal  Emilfork  declaró en julio pasado que: “ésta sí es una causa de derechos humanos“.

El persecutor, quién lleva más de un año a cargo de las indagatorias, explicó que “hablamos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la custodia del Estado y fallecen existiendo algún grado de responsabilidad de orden penal por parte de quienes el propio Estado les ha entregado la custodia“.