“Este es un proyecto digno y moderno”, así se refirió el ministro del Interior, Mario Fernández, al nuevo proyecto de Extranjería en medio de su interpelación realizada este martes en el Congreso.

La iniciativa ha generado una serie de cuestionamientos porque después de ocho aplazamientos del Gobierno, finalmente ingresó con suma urgencia, es decir tendrá 15 días de discusión en la Cámara de Diputados y 15 días en el Senado.

Sin embargo, las organizaciones de migrantes han analizado el documento para despejar algunas dudas sobre el alcance de la nueva regulación.

Principalmente, apuntan a uno de los aspectos destacados por el ministro Fernández sobre la dignidad de los extranjeros. Si bien, se reconoce como un punto a favor, esto por si sólo sería insuficiente.

La Constitución reconoce la dignidad y los derechos de todas las personas, pero esta ley sólo aplicaría para la dignidad pero condiciona los derechos. Lo último se evidencia, por ejemplo, en los casos de atención de salud para los migrantes irregulares o incluso quienes están en proceso de regularizar su condición,  y “restringe la atención de urgencia sólo en casos de riesgo vital”.

Desde la Coordinadora Nacional de Migrantes señalan que esto es atentar contra los derechos humanos de cualquier persona. Vicente Tadeo, integrante de la organización, se refirió en particular a algunas disposiciones sanitarias que podrían ser revertidas con la normativa.

“Hasta la fecha hay situaciones especiales, por ejemplo, para las mujeres embarazadas que son atendidas en los centros de salud familiar o en los hospitales independiente si tienen su documentación regular o no. Esa es una disposición que han tomado los servicios de salud, pero el proyecto estaría limitando esto sólo para quienes tengan documentos al día. Nosotros lo considerábamos un avance en materia de salud pero con esto podría restringirse”, explicó.

En tanto, el vocero del Movimiento Acción Migrante, Francisco Bazo, enfatizó que “a través de todo el proyecto de ley hay una visión de control, de limitar, de impedir la migración. Esto, señala el dirigente, a pesar de que en la primera parte se hace un avance al decir que la propuesta se sustenta en los derechos humanos, pero a la hora que eso se traduce en propuestas concretas, vemos que no hay ninguna referencia a apoyar los procesos migratorios, sino que al contrario, a limitarlos” indicó.

Asimismo Bazo lamentó el momento en que se ingresó la iniciativa, el que a su juicio “está teñido por el tema de las campañas electorales”. además, el vocero de Acción Migrante aseguró que “todo lo que se había avanzado en relación a la sociedad civil y el Gobierno se echa para atrás” en la propuesta legal del Ejecutivo.

Categorías de ingreso

 De aprobarse esta legislación, quienes ingresen a  Chile lo harían en calidad de visitantes – que tendrían un permiso de hasta dos años- o como turistas. Estas categorías serían entregadas previamente por los consulados y excepcionalmente por la Policía de Investigaciones (PDI) al momento del ingreso.

La categoría migratoria de visitante no aseguraría la obtención de una Cédula de Identidad, por lo tanto las organizaciones advierten que legitimaría el trabajo sin contrato, sin cotizaciones, privándoles de este documento que se exige para ejercer cualquier derecho.

De acuerdo al documento, no se podría cambiar de categoría migratoria como hasta ahora lo hacen muchos de los extranjeros que ingresan como turistas y luego deciden obtener  su residencia temporal o definitiva.

Varias de las interrogantes que manifiestan los extranjeros y que no se especifican en el documento tendrían que ser resueltas durante la breve tramitación que pretende dar el Gobierno al proyecto y, posteriormente, en un reglamento del Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) que demoraría alrededor de un año en elaborarse. Es decir, será trabajo de la próxima administración.

Desde la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, los parlamentarios oficialistas y de oposición coincidieron en la  celeridad que se necesita para tramitar esta ley, pero que de ninguna manera podría ser despachada en un mes.

El diputado del PPD Ramón Farías, detalló algunos de las situaciones administrativas que requieren ser analizadas.  “Revisando el proyecto en general tenemos que ver temas prácticos. Por ejemplo, actualmente un migrante puede llegar a tener hasta cinco o seis números, es decir, le dan rut alternativos en distintos servicios sea salud, educación, migraciones. Eso es necesario unificarlo lo antes posible”, indicó.

Mientras, desde la oposición, el diputado de la UDI, David Sandoval, indicó que desde la comisión solicitaron al Ejecutivo ampliar el plazo de tramitación porque la suma urgencia, a su juicio, respondió a un tema más bien mediático por la interpelación de Fernández, pero en lo concreto se reconoce de manera transversal que es un plazo insuficiente.

Los extranjeros han solicitado que el país aplique las regulaciones necesarias pero apegadas a la legislación internacional que reconoce la migración como un derecho de las personas y no sólo como una “contribución al país donde se trasladan”, que puede ser interpretado como un criterio meramente económico.

La comisión de Gobierno Interior retomará la tramitación el próximo martes 12 de septiembre donde se evaluará una posible extensión de plazo para legislar. Desde Chile Vamos valoraron el avance de contar con un documento para debatir aunque recalcaron que “el Gobierno se perdió tres años y medio sin concretar su promesa de campaña” de modificar la Ley de Extranjería de 1975.