Este miércoles y de forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora que deberá determinar las responsabilidades del Estado en una serie de anomalías  detectadas por la Contraloría General de la República en diferentes Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores.

La Comisión surgió a raíz de la publicación de un informe, emitido por la Contraloría, donde se señala que varios de estos centros, dependientes del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, no contarían con las condiciones mínimas para su funcionamiento.

El informe final de auditoria, publicado el 17 de febrero de este año, dejó en claro que algunas de estas viviendas “no cuentan con las condiciones necesarias y adecuadas para la estadía de los adultos mayores”.

Además, la Contraloría dedicó particular atención al ELEAM de Santiago, ubicado en la comuna de Puente Alto. En este centro se verificó que existe una falta de control en las fichas clínicas y sociales de los adultos mayores; la omisión de fichas clínicas de fallecidos; supervisiones incompletas; y falta de control del SENAMA en la rendición de los aportes provenientes dl aporte de 85% de las pensiones de los residentes.

Según han consignado distintos medios de comunicación, entre 2012 y 2017 418 residentes de estos centros fallecieron. El ELEAM de Santiago fue el que arrojó un mayor índice de decesos, con 104 casos, equivalentes a un 24 por ciento del total. En numero de muertes, el centro de Santiago estaría seguido por el de Puerto Montt (59), Curicó (55) y Cunco (46).

Senama / Sename

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado y miembro de la comisión de Familia y Adulto Mayor, Ramón Farías, valoró que la Comisión se haya abierto para clarificar “lo que ocurre con los adultos mayores, ya sea que mantiene el estado o que están siendo cofinanciados por éste”.

En esa línea, afirmó que resulta urgente otorgar facultades fiscalizadoras al Senama que actualmente no posee sobre estos centros. “Actualmente estos poderes están en manos de las seremías de Salud, quienes sólo evalúan los temas directamente relacionados con salud de los adultos mayores”.

Según explicó Farias, esta atribución de las seremis de Salud deja a todo lo relacionado con infraestructura, manejo financiero, etc. sin directa fiscalización. Pese a esto, la falta de potestades fiscalizadoras, no constituye un mero vacío legal, sino que da cuenta de una mirada reducida del conflicto.

“Así como en el Sename, el Estado no tenía una política hacia los niños, sino que más bien acciones. Vale decir, si había un niño que estaba mal, iba, lo tomaba y lo institucionalizaba. Yo tengo la impresión de que con los adultos mayores estaba ocurriendo lo mismo: si se veía un adulto mayor complicado, se lo lleva a una institución y como ellos necesitan más atención médica en general, se ha dicho que sea la seremia de Salud la que inspeccione. No hay una mirada integral del problema del adulto mayor que es mucho más que solamente el aspecto médico”, aseguró.

Respecto a las similitudes entre los casos Sename y Senama, Farías fue enfático en separar las aguas.

“Hay algunos interesados en tratar de que el Senama se parezca al caso Sename, pero eso no es así. No nos vamos a encontrar con una situación así. Los problemas son distintos y tampoco tenemos que olvidarnos de que los adultos mayores ya están en situación terminal, en una situación donde es natural que fallezcan. El asunto es determinar en qué circunstancias lo hacen y si estas son normales, atribuibles a la edad, o si se trata de otro asunto”.

Además, el parlamentario explicó que resulta imposible que se compare por cantidad de fallecimientos a ambas instituciones porque en un caso se trata adultos mayores “por lo tanto están muchos de ellos enfermos y probablemente van a fallecer, mientras que en el Sename es al revés. Son niños, están al principio de la vida. Que fallezca un niño en la tuición de un centro es extraño y complejo”, aseguró.

Las complejidades del modelo

Alicia Villalobos, académica del departamento de enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en conversación con el programa Semáforo de nuestra emisora, explicó que la institucionalización de los adultos mayores es siempre la última opción.

“El primer esfuerzo que hacemos es que ese adulto mayor no llegue a institucionalizarse, que sea cuidado en las casas. Es así que desde el año 2006 el Ministerio de Salud tiene un programa de acompañamiento a los cuidadores en el domicilio. Pero cuando ya no hay posibilidades de que la familia siga atendiendo, se requiere la institucionalización que es la última de las medidas”.

Finalmente, la también integrante de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento agregó que parte de la responsabilidad sobre estos asuntos, tiene que ver con el modelo de atención que ha decidido adoptar nuestro país, con casas que reciben a un alto número de personas.

“Hay bastante evidencia internacional de que hoy día administrar un hogar que tiene alrededor de 80 a 100 camas, es muy difícil. Resulta complejo porque se trata de una población que tiene múltiples factores que lo dificultan como los adultos mayores vulnerados o aquellos que han perdido la funcionalidad y que no pueden vivir solos”.