Es imprescindible que el Estado deje de entregar recursos a los colegios que lucran, así criticó la diputada Cristina Girardi (PPD) la iniciativa que presentó un grupo de legisladores oficialistas. El proyecto posterga hasta diciembre de 2018 la obligación que tienen los colegios particulares subvencionados de cambiar su naturaleza jurídica para convertirse en entidades sin fines de lucro.

De acuerdo a la Ley de Inclusión Escolar, el plazo original era el pasado 30 de junio. No obstante, este fue modificado para el 31 de diciembre de 2017. Una vez que se cumpla esa fecha los colegios que no sean entidades sin fines de lucro dejarán de recibir aportes del Estado.

El texto de Andrés Zaldívar e Ignacio Walker de la Democracia Cristiana, el socialista Carlos Montes y el independiente Pedro Araya, sostiene que es muy difícil que se cumpla lo dispuesto en la legislación, ya que hasta la fecha solo 726 establecimientos han completado el trámite, cifra equivalente a un 12,4 por ciento del total de colegios subvencionados.

Cristina Girardi (PPD), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, advirtió que a pesar de las falencias que pueda tener la Ley de Inclusión Escolar, que termina con el lucro, la selección y el copago, es necesario que se respeten los plazos.

“Tú puedes dar plazo para otras cosas, pero no para que las escuelas sigan lucrando. Para mí esto claramente es deshacer algo que en algún minuto fue una convicción de todos los que aprobamos este proyecto con todas las falencias que tiene”, afirmó.

Rodrigo González (PPD), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, señaló que de acuerdo a lo conversado previamente con el Ministerio de Educación, esperaban que el Gobierno presentara un proyecto de este tipo, que estaban dispuestos a apoyar. Sin embargo, advirtió que no respaldarán iniciativas que no establezcan plazos concretos para terminar con el lucro en los colegios.

“Lo que no se puede poner en cuestión es que los establecimientos tienen que ser sin fines de lucro para poder usar fondos públicos, sino no habrá posibilidad de ningún tipo de modificación. Lo que estamos tratando de asegurar es que los avances en educación no se pierdan, porque el mercado todavía manda en esta materia”, sostuvo.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, manifestó que es muy grave que se aplace la fecha límite para que los establecimientos dejen de lucrar, principalmente si es que se llega a elegir a un gobierno de derecha. Para Aguilar, esto abre la puerta para que mediante postergaciones se mantenga el negocio educativo.

“Nosotros como gremio hemos cuestionado esta ley que pone fin al lucro, porque sigue siendo muy suave y permite mecanismos que se pueden seguir utilizando para obtener utilidades. Sin embargo, es muy grave que se esté pensando en postergar esto, más aún que sea una iniciativa de parlamentarios de la Nueva Mayoría. Esto confirma que no existe la voluntad política real y el coraje para eliminar el lucro, al parecer solo fue un tema electoral”, manifestó.

Además de la extensión del plazo, los senadores proponen crear una comisión que revise las situaciones que han dificultado a los sostenedores para adecuarse a los plazos establecidos y terminar con el lucro, el copago y la selección.

Dicha comisión deberá concluir su trabajo antes del 31 de diciembre este año, con el objetivo de “que sea la actual administración la que proponga los ajustes necesarios a la legislación”.

Los parlamentarios también señalaron en el texto que no hay claridad sobre cómo operará el traspaso y que, a pesar de los cambios introducidos en la “llamada ley miscelánea” hace seis meses, la legislación “consagra un complejo sistema de arrendamiento de inmuebles” que se debe simplificar.