A través de una cápsula audiovisual, la campaña de la ONG Leasur visibiliza un problema que despierta poco interés en el debate público: los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Es en ese contexto en el que la organización plantea la necesidad de abrir el debate en torno al derecho a sufragio de los presos en Chile.
“Hoy, cerca de 20 mil personas, no pueden votar en Chile. Se trata de quienes, estando encarcelados, ya sea en prisión preventiva o con una condena inferior a tres años , se encuentran ilegítimamente privados de ejercer su derecho a sufragio”, indica el video. Esta situación, según señalan, es inconstitucional. Y es que la Constitución chilena efectivamente reconoce el derecho a sufragio de los sujetos mencionados. “Las autoridades sistematica e históricamente se han negado a instalar urnas de votación al interior de los recintos penitenciarios”, agrega.
Sergio Faúndez, director de la ONG, cree que además de inconstitucional, las instituciones relacionadas han tenido un comportamiento que ha fortalecido este tipo de prácticas: “la Constitución actualmente solo limita el ejercicio del derecho a sufragio en caso de que exista condena a pena aflictiva o que la ley califique como delito terrorista. Dicha situación, que se ha entendido como una verdadera “muerte cívica”, no afecta a quienes se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad inferior a la señalada, o que hayan sido sujetos de prisión preventiva. El SERVEL no ha hecho eco de las distintas sentencias emanadas de la Corte Suprema que no solo han reconocido el derecho a voto de cierta parte de la población penal, sino que además han empujado a las instituciones del Estado a ofrecer las medidas necesarias para que puedan votar sin impedimento alguno”.
En febrero de este año, la Corte Suprema emitió un fallo en el que establecía que “el Servicio Electoral está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario y que a Gendarmería le corresponde velar de manera activa por que se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia”. A pesar de eso, y como señala el director de la ONG, el Servicio Electoral no ha dado muestras de implementar un sistema que haga partícipes a los chilenos y chilenas privadas de libertad.
