La inclusión representa uno de los ejes centrales de la Reforma Educacional y constituye una de las aristas fundamentales del sistema de derechos humanos, que, recordemos, son interdependientes e indivisibles. El Ministerio de Educación cuenta con una Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana, la que ha señalado como un “compromiso trabajar con y por aquellos grupos históricamente invisibilizados en la construcción de las políticas públicas, incluyendo sus planes, programas e iniciativas educativas”.
Esta unidad concentra su trabajo en tres áreas: coordinación de derechos humanos, espacios ciudadanos y proyectos de inclusión. En dicho aspecto, se destaca la preocupación por atender a los compromisos internacionales en el diseño e implementación de políticas educativas, generar instancias de diálogo con las comunidades educativas, expertos y sociedad civil, y trabajar temáticas con, cito, “grupos sociales históricamente marginados del sistema educacional, permitiendo diagnosticar, relevar y considerar sus diversas necesidades al interior del sistema educacional”. De ello se desprende que para abordar el tema de diversidad e inclusión en educación es necesario dialogar y generar alianzas, tanto con los organismos internacionales, como con la ciudadanía en general (Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana).
La Ley de Inclusión en la educación escolar constituye un avance en marcha, por cuanto regula la admisión, propendiendo a eliminar la selección arbitraria; elimina el lucro en establecimientos que reciben aportes del Estado y el financiamiento compartido, permitiendo que las familias puedan ampliar su libertad de elección, pues el Estado irá reemplazando gradualmente la mensualidad que los apoderados deben pagar en los colegios subvencionados. De igual modo, la ley indica que se propiciará que la escuela sea un lugar diverso; un espacio de encuentro entre sujetos de distintas condiciones socioeconómicas, de nacionalidad, género, cultura y religión.
Fomentar la Participación Ciudadana en el diseño de las políticas públicas es cardinal; es otra tarea en la que siempre es necesario profundizar, y que implica la intervención de la sociedad en “el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y las políticas públicas” (Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana). Para fomentar la Participación Ciudadana se ha emprendido el Plan de Formación Ciudadana a nivel escolar, bajo la ley 20.911, que indica su inclusión en todos los niveles de enseñanza, con el fin de otorgar a los estudiantes “la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso”. En este marco, se han implementado cursos para docentes, convenios con universidades y se ha trabajado en conjunto con el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). Para la difusión de prácticas de formación ciudadana se han creado páginas web donde se alojan diversos documentos y orientaciones (www.formacionciudadana.mineduc.cl y http://www.ciudadaniayescuela.cl )
Otra medida que apunta a una mayor participación ciudadana es el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Educación (COSOC), que garantiza una mayor injerencia de la ciudadanía, cito, “en los procesos de discusión y toma de decisiones respecto a las políticas públicas asociadas al mejoramiento de la educación en todos sus aspectos”. Estos consejos, de acuerdo a la ley 20.500 sobre Asociaciones Públicas y Participación Ciudadana, son de carácter consultivo y deben conformarse de manera diversa, representativa y pluralista. El COSOC está integrado por 19 consejeros, que representan a diversas organizaciones ligadas al ámbito de la educación, que se renuevan cada dos años. Los integrantes postulan mediante sus organizaciones de base, siendo los mismos inscritos quienes votan por los seleccionados (Fuente Mineduc).
Todos estas acciones, que es de esperar sean favorables, están en concordancia con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de carácter no vinculante, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas; cuyo fin es erradicar la pobreza, combatir la desigualdad social “dentro de los países y entre ellos” y favorecer la construcción de sociedades inclusivas, más justas y pacíficas. “Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”.
Si hay una forma de erradicar la pobreza y combatir la desigualdad es mediante una educación de calidad e inclusiva; que en todas las áreas fomente el respeto de estos acuerdos que emanan del sistema internacional, bregando porque no sean letra muerta. A ello se añade el fomento de sociedades más inclusivas y participativas en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales.
