Las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo son un rito que recobramos a partir de 1990 y que la mayoría llama “democracia” y otros, preferimos denominar solo “post dictadura”, en el convencimiento de que aun quedan demasiadas zonas de peligro que hacen que nuestra institucionalidad sea todavía “tutelada por unas FFAA” que se dicen no deliberantes en la carta constitucional.

Son dos mujeres y seis hombres que aspiran al sillón presidencial que deja Michelle Bachelet, la primera mujer en llegar a La Moneda en la historia de Chile y que, por si fuera poco, repitió la proeza en el año 2014. Los candidatos debieron recorrer esta “larga y angosta faja de tierra” buscando el voto. Una tarea difícil para los tiempos presentes, cuando Chile se encuentra entre los países de más baja participación electoral, según lo demuestra un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que establece que el promedio de votación a nivel mundial es de un 64%, el de América Latina de un 71% y en Chile solo de un 51%.

Las razones de esta desidia popular hacia la política tiene variadas causas, pero el hecho es que se trata una tendencia que se venía dando desde antes y que quedó de manifiesto con la promulgación, en el año 2012, de la Ley de Inscripción Automática en los Registros Electorales y Votación Voluntaria. Esto significó que la épica de los albores de la Transición cuando sufragaba más de un 86%, después de 17 años de dictadura, se disipara al punto que en el año 2013, solo participara un 36% del electorado. El diagnóstico de la situación es preocupante y la forma de enfrentarla casi peor. Una clase política ensimismada cuya vocación por el poder les ha hecho olvidar  que su propósito debiera ser servir y no servirse.

Pero han olvidado asuntos más delicados.

A mediados de este año, un juez de la República estableció que el ex presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado. Estamos hablando de una figura clave de la lucha contra la dictadura cívico-militar. Justo en los momentos en que se promulgaba la Constitución de 1980 que hasta hoy rige, aunque maquillada, y cuando se consolidaba la institucionalidad diseñada en el laboratorio de los Chicago Boys, que cambiaron la economía y el alma de nuestro pueblo.

La muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 no solo confundió a los médicos personales y su familia sino también a una nación que “quedó sola”, sin su líder, como lo dijera el Cardenal Raúl Silva Henríquez, frente al horror que había comenzado nueve años antes. Su ausencia dejó un sentimiento de orfandad y un dolor inexplicable por las circunstancias en que sucedió: luego de una cirugía menor que inexplicablemente se complicó, y que luego se convirtieron en  cuatro operaciones que no lograron paliar el silencioso y letal dolor del gas mostaza y el talio, como se ha establecido este 2017… Lo del envenenamiento lo hemos sabido recién ahora, hace pocos meses, por la porfía de su hija Carmen, quien convenció al juez Alejandro Madrid y a un equipo policial investigador para que no se abatiera frente a la mañosa ficción histórica instalada por los perpetradores, la negativa del Ejército a colaborar y la comodidad del “dejemos tranquilos a los muertos” de la clase política. Magnicidio. La historia del crimen de mi padre es el título del libro que publicara recientemente la ex senadora de la República Carmen Frei Ruiz-Tagle y que narra cómo la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) bajo las órdenes de Pinochet, asesinó a su padre hace 35 años y cómo, a pesar de la dictación de condenas por homicidio a dos médicos, la de complicidad de otro y el  de encubrimiento a otros dos profesionales ligados al Hospital Clínico de la Universidad de Católica, nada se ha escuchado al respecto por parte de la clase política, ni menos en el debate electoral. Ni siquiera la Democracia Cristiana, partido al cual pertenecía el malhadado mandatario y que profita de su figura, ha hecho de este horrible homicidio una bandera de lucha para terminar con los pactos de silencio en el Ejército y el esclarecimiento total de la verdad histórica.

La investigación sobre la muerte de Frei se realizó sin ninguna colaboración del Ejército, el que respondió la lapidaria frase de “no hay antecedentes”, desde el año 2000, cuando se abrió la causa y hasta el 2017, cuando se dictan las condenas mencionadas.

En su valiente testimonio, Carmen Frei dice: “El país conoce “el acuerdo solemne” de complicidad y obediencia a Pinochet, suscrito por 44 brigadieres generales del Ejército, el 5 de enero de 1996. En ese documento se “deja constancia escrita de los sentimientos  de invariable respeto e irrestricta lealtad” hacia Pinochet, está la firma del comandante en jefe que sucede al dictador en el mandato cuando este abandono el Ejército el 10 de mayo de 1998, el general Ricardo Izurieta, y desde luego también figura la firma del general del “Nunca más”, Juan Emilio Cheyre”. ¿Quién recuerda este “acuerdo solemne y a sus firmantes”? ¿De qué manera interpreta este “acuerdo” el nuevo Comandante en jefe del Ejército?

El estado de derecho peligra con un Ejército que rehúsa aceptar el imperio de la ley y un pueblo que no se percata de ello.

La legitimidad de quien gobierne en los próximos cuatro años también está en entredicho, si se mantienen los altos niveles de abstención, pero sobre todo, si la clase política interpreta esta desidia como un “aquí no ha pasado nada”.