Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Cuarta Sala de la Corte Suprema concluyó que Graciela Ortúzar, alcaldesa de Lampa, cometió actos discriminatorios al referirse a la ex concejala Alejandra González por su nombre legal (Domingo Felipe) y no social, además de burlarse en diversas oportunidades de su identidad de género.

El máximo tribunal estableció que la alcaldesa deberá pagar una multa equivalente a cinco unidades tributarias mensuales (UTM), a beneficio fiscal, y tendrá la obligación de dirigirse a la demandante por su nombre social.

Alejandra González indicó que, luego de un proceso de casi cuatro años que calificó como “largo y difícil”, se hizo justicia y comentó que lo importante del fallo es que marca un precedente en temas de género y Derechos Humanos.

“Tuve que pasar mil cosas, agresiones, insultos, amenazas de muerte y todo esto me ha llevado a tener daños morales y psicológicos. Entonces ver el resultado me da mucha tranquilidad y con mucha humildad lo recibo. Por primera vez se sanciona en Chile a una autoridad y esto te lleva a que se abran otras brechas para respetar y luchar por los derechos humanos”, sostuvo.

Respecto de los malos tratos que recibió en el municipio, detalló que no solo fueron cometidos por Ortúzar, sino también por otros miembros de su equipo. Según relata, recibió agresiones verbales, burlas cuando era invitada a actos públicos e insultos peyorativos. A su juicio, con esto no solo se vulneraban sus derechos, sino también los de las personas que la eligieron miembro del Concejo en tres oportunidades.

“Las autoridades no tienen noción de lo que significa ser transexual”

Para Alejandra, la resolución de la Corte Suprema abre una ventana en el marco de la tramitación del proyecto de ley que busca reconocer y dar protección al derecho a la Identidad de Género, que ingresó el 2013 y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

“El fallo abre una ventanita muy pequeña, pero la abre a una discusión que permite que todas las organizaciones de la diversidad LGBTI puedan tener un precedente para que puedan luchar por sus derechos, siendo visibilizados y no excluidos o vulnerados. Con esto obligan a que se cumpla mi derecho de ser llamada Alejandra, sin estar operada”, explicó.

Desde su perspectiva, la tramitación del proyecto “ha sido muy lenta porque las autoridades y quienes toman las decisiones no tienen noción de lo que significa ser transexual o pertenecer a la familia LGBTI de la diversidad sexual. Ahí es donde entran todos los prejuicios: ‘que son enfermos mentales, que se tienen que mejorar’.

“Yo creo que esto pasa por tener una voluntad y por manejar los temas. Todas las organizaciones están dispuestas a aportar en esto, con su punto de vista y desde su experiencia”, añadió.

Algunos de los aspectos que considera urgente en esta materia es que desde la infancia las personas tengan garantizado el derecho a decidir quiénes son. Del mismo modo, que sean incluidas socialmente, tanto en la educación como en el ámbito laboral.

Para ello, indicó que es muy importante que las personas tengan derecho a un nombre sin pasar necesariamente por una operación. Sin embargo, reparó en que es importante sacar una ley acorde a lo que solicitan las organizaciones y no una normativa solo por cumplir.

Sobre el proyecto que permite, entre otras cosas, que las personas cambien su nombre legal por el social, Constanza Valdés abogada y activista trans, señaló que la iniciativa tiene varias deficiencias y afirmó que no cree que sea posible despacharlo en esta administración.

“El problema que existe es que siempre se genera una discordancia entre la imagen de la persona y lo que sale en el carnet. Con eso hay dificultades para cobrar cheques, acceder a la salud, al trabajo y la educación. Teniendo eso en consideración el proyecto sería un procedimiento administrativo para personas mayores de 18 años ante el registro civil. Lamentablemente ahora la iniciativa exige que se presente una evaluación médica que acredite que la persona cuente con las condiciones psicológicas y psiquiátricas para realizar la solicitud”, expresó.

Otra de las debilidades del proyecto que observó la abogada es que ya no contempla a niños, niñas y adolescentes. Por esta razón desde el Gobierno se envió una circular a los establecimientos educativos que busca que a los estudiantes se les trate por el nombre que ellos y su familia soliciten.

De acuerdo a la jurista, es importante que se legisle sobre la identidad de género porque permite un piso mínimo que garantiza derechos para la comunidad LGBTI.