La Contraloría General de la República rechazó el Plan de Descontaminación para Puchuncaví, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y trabajado largamente por el Comité de Ministros. Dicha instancia, en la que el organismo fiscalizador tomó razón de este proyecto, consideró que no se ajustaba a derecho, puesto que se consideraron mediciones que no correspondían a la realidad.

Lejos de que esto sea un perjuicio para la comunidad, se ha trasformado en la única instancia en la que la población está conforme, ya que durante el proceso de desarrollo del plan no se consideraron las observaciones hechas por los habitantes de la zona de sacrificio.

Los antecedentes y pruebas de la contaminación al aire, el mar y el agua que existe en la zona son evidentes, por lo mismo es que las comunidades no han cesado en su lucha por frenar la contaminación sistemática de sus recursos naturales.

Aes Gener, Codelco refinería y fundición, Endesa, Enap, Oxiquim, Gasmar, Cemento Melón y el Puerto de Ventanas, son las empresas del cordón industrial que tiene a las localidades de Los Maitenes, La Greda, Las Ventanas, Quintero, Loncura, Campiche, Puchuncaví, Chocota, Caleta Horcón, entre otras, declaradas como zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado.

El Ministerio de Medio Ambiente, al momento de presentar el plan de descontaminación, lo hizo tomando como referencia mediciones que no representan la realidad y así lo señala la resolución emitida por Contraloría: “Los niveles de emisión consignados en el inventario de emisiones establecido en el artículo 2°, Tabla 2, en lo que se refiere a las fuentes puntuales, son superiores a los que constan en el informe técnico contenido en el respectivo expediente electrónico, habiendo sido modificados mediante una estimación efectuada por la secretaría de Estado, suponiendo el escenario con mayor impacto ambiental -máximas emisiones autorizadas y máximas capacidades operacionales de las plantas”.

Este punto marca un precedente para las comunidades en conflicto  socio-ambiental, ya que la figura del Contralor Jorge Bermúdez, doctor en derecho y postdoctorado en derecho ambiental por las universidades de Giessen y Heidelberg, Alemania, da garantía de la existencia de una institucionalidad fiscalizadora que, en temas ambientales, comienza a tomar importancia política para las discusiones que puedan darse en proyectos futuros que sean autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente, como lo han sido algunas plantas hidroeléctricas que han fragmentado sus proyectos para ser aprobados.

Katta Alonso, vocera de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, se mostró conforme con la decisión tomada por el ente fiscalizador y afirmó que “siempre nos opusimos a ese plan, porque era muy malo para la comunidad. En el fondo quedábamos igual o peor, porque también se incorporaban otros proyectos nuevos, que estamos pidiendo hace mucho tiempo que no se ejecuten, porque no queremos más contaminantes en la zona. Esto terminó de esta manera, porque se encontraron con un contralor que sí entiende de medioambiente y emisiones. Porque lo que ha hecho el Ministro de Medio Ambiente es conseguir que se instalen más proyectos. Este gobierno jamás ha tomado razón de lo que dice la comunidad”.

Por su parte, el Toxicólogo de la Universidad de Chile y  director del departamento de medio ambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchin plantea que “se debería considerar a Puchuncaví como zona de emergencia de salubridad y no solo como emergencia ambiental, ya que lo que ahí pasa no permite desarrollar la vida en buenas condiciones. Por lo mismo, es necesario que las normas sean más estrictas”.

Contralor ambientalista, la pesadilla del  Ministerio de Medio Ambiente

El Plan de Descontaminación planteado por el MMA responde a una nueva necesidad de la zona de Puchuncaví, ya que las comunas de dicha costa, cuentan con una de estas iniciativas por su calidad de zona saturada, pero esta  responde a la mitigación de la polución de material particulado PM10, es decir, partículas de un tamaño de 10 micrones.

En esta oportunidad, se buscaba avanzar en la protección, por lo mismo es que el consejo de ministros presentó este nuevo Plan que buscaba descontaminar la zona de partículas de 2.5 micrones, mucho más pequeñas que las que ya se estaban mitigando. Esto responde a nuevas normas de descontaminación, pero que no podrán ser aplicadas por algunos meses más, puesto que el proyecto presentado por la instancia ministerial no se ajusta a derecho.

Según plantea Lucio Cuenca, Director de OLCA, el rechazo del plan presentado por el MMA da cuanta de “un contralor que está asumiendo un nuevo rol en términos de verificar la coherencia que tiene un determinado objetivo y eso tiene que estar garantizado en la formulación del plan, y en este caso, lo que ha detectado el contralor es que no existe esa coherencia. No hay coherencia en las metas ni en los plazos y, por lo tanto, eso devela un nuevo rol del contralor de verificar efectivamente esto y no solo establecer si es legal o no en el plan que envió el ministerio de medio ambiente”.

En este sentido, el especialista advierte que “el contralor asume una actitud activa respecto de verificar que la legalidad de un plan tiene como obligación el garantizar la baja de la contaminación de una zona que fue declarada saturada y que, efectivamente, eso tenga coherencia con las medidas que se proponen. Quizás es un nueva forma de asumir la contraloría en estas materias, alguien tiene que tener este rol, puesto que los organismos como el Consejo de Ministros no lo está haciendo. Acá la Contraloría detecta una falencia grave respecto a plazos y cumplimiento de objetivos de estos planes”.