La presidenta Michelle Bachelet ingresó este martes al Senado un proyecto de ley que busca eliminar el indulto particular a imputados por violaciones de derechos humanos. En su lugar traspasa dicha labor a los tribunales.

En la práctica, las solicitudes de beneficios por parte de los reos serán sometidas a un procedimiento administrativo en el Poder Judicial. El ejecutivo, de ser aprobada la propuesta, ya no contará con la facultad de la decisión.

La iniciativa, según se lee en el mensaje al Senado, “propone regular los criterios especiales que deben considerarse para la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena; y, además, la no procedencia del indulto particular, respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra”.

En cuanto a los requisitos para poder acceder a los beneficios, se estipula la colaboración del condenado con antecedentes “serios y efectivos” sobre las causas criminales, y demostrar su arrepentimiento.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, explicó que solo los enfermos terminales o personas “enajenadas, locos o dementes”, pueden optar a la opción y que esto no debe traducirse como un amparo a los condenados:

“La iniciativa lo que pretende es establecer ciertas reglas de orden humanitario, pero no tiene por objeto bajo ningún punto de vista favoreces a violadores de derechos humanos”, aclaró.

Por su parte, la senadora y actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, critica el requisito de entregar información sobre un determinado proceso, pues cree que hay condenados que no saben más de lo que han dicho, sin embargo, no dejó de celebrar la propuesta:

“A nosotros nos parece que es un gran avance. Creemos que todo lo que tiene que ver con situaciones humanitarias, como lo es este proyecto de ley, no debe estar teñido por variables políticas y, en ese sentido, aquellas personas que están con enfermedades terminales o situaciones de demencia avanzada, es lógico que puedan no ser indultadas, sino que puedan terminar su pena en reclusión domiciliaria”.

Para el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, este proyecto no merece mayor objeción, es más, según su juicio es una propuesta bien intencionada que trata de poner en equilibrio las posiciones de los condenados y las organizaciones de derechos humanos. En este sentido destaca la posibilidad de impugnar la decisión por parte del juez de garantía.

Caucoto aclara que con esta iniciativa no se indultará a nadie, de hecho el concepto de indulto desaparece. Lo ofrecido son beneficios carcelarios que solo pueden ser otorgados previa resolución de tribunales, que deberán cerciorarse de cuál es la enfermedad del reo, cuál es su tratamiento, e incluso la proximidad de su muerte, por lo tanto, deben procurarse pruebas suficientes.

Sin embargo, el abogado también tiene sus reparos. En primer lugar declara “echar de menos” la intervención de los familiares de las víctimas, pues cree evidente que ellos “algo tendrán que decir”.

Otra observación importante es el hecho de que no se hace hincapié en que los posibles reos estén realmente rehabilitados, toda vez, afirma, que es fácil declararse arrepentido, pero más allá de las palabras ¿quién lo comprueba?

“Para dilucidar quién está en condiciones de considerarse rehabilitado, se requiere una batería de exámenes sicológicos y siquiátricos. Pues esa es la base neurológica del proyecto en términos de libertad condicional. Tiene que establecerse efectivamente que una persona está realmente rehabilitada”, acotó.

Muchas críticas apuntan al tiempo en que es presentado el proyecto, pues estamos solo a meses del cambio de gobierno. En este sentido no pocos creen que Michelle Bachelet trata de asegurarse que Sebastián Piñera, tomando en cuenta su ideología de derecha, no libere a los condenados.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró que no importa el gobierno de turno, pues ninguno debe ni puede dar indulto a criminales de lesa humanidad:

“Los tratados internacionales de derechos humanos obligan a los Estados, sea Piñera, sea Bachelet, sea un gobierno de izquierda o de derecha,  a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, y dentro de ellos el indulto no tiene cabida” enfatizó.