Como relevante calificó el diputado socialista Leonardo Soto el avance en las acciones indagatorias sobre las millonarias pensiones de Capredena, denominadas de inutilidad de segunda clase y que se otorgaron a militares en retiro.

A partir de nuevas informaciones dadas a conocer por nuestro medio, se destaca que la fiscal a cargo de la investigación, María Boccanegra, estaría analizando las diversas fichas clínicas de los cuestionados uniformados retirados a quienes el Estado,debido al beneficio por eventuales incapacidades, les otorga dineros adicionales que superan el promedio asignado.

El parlamentario y presidente de la comisión investigadora de irregularidades en el otorgamiento de jubilaciones a  militares, Leonardo Soto, destacó que la persecutora esté al tanto de los documentos médicos de los favorecidos. Además señaló que tal información fue solicitada por dicha comisión, pero fue negada en reiteradas oportunidades por la instancia médica castrense a cargo de las evaluaciones.

“Ahí hay una jerarquía que actúa, los diagnósticos son a veces irregulares y guardados bajo siete llaves, nadie puede revisar los informes que justifican la pensión por invalidez. Este paso entonces es fundamental para desmantelar estos abusos y el Ministerio Público ahora llega a un punto que a nosotros se nos impidió. Eso, sin duda, hace abrigar mucha esperanza de que esos millonarios privilegios lleguen a su fin”, afirmó.

En tanto, el diputado UDI Romilio Gutiérrez, además de valorar el estado de la investigación, admitió que puede existir algún retraso en las diligencias, especialmente mientras se está en un proceso de transición en los diversos servicios públicos por  el cambio de mando.

Sin embargo, el integrante de la Comisión de Defensa, descartó que durante el nuevo periodo presidencial se pueda retardar el traspaso de información o influenciar en el proceso.

“Seguramente se va a producir un ajuste en la forma de trabajo, en el ritmo que traían, pero yo creo que existe voluntad  para esclarecer los hechos, saber la verdad y cómo se corrigen (las irregularidades). Más allá del retraso transitorio que podría ocurrir en el cambio de autoridades, en el Gobierno y en el propio Congreso, no creo que vaya a ocurrir algo que retrase la cooperación y afecte la celeridad que debe tener este tema”, argumentó.

Para la diputada socialista Denise Pascal, en el próximo periodo legislativo se debe insistir en el análisis de un proyecto de ley que regule las distorsiones en materia de pensiones. La integrante de la comisión investigadora por abultadas jubilaciones emanadas desde Dipreca y Capredena, agregó que se debe modificar igualmente la Ley de Transparencia.

Advirtió de algunos vacíos que dieron pie a que la instancia médica a cargo de las evaluaciones sanitarias, se negara a hacer públicas las fichas clínicas de los militares en retiro favorecidos con un subsidio estatal adicional por supuesta invalidez.

“Tiene que haber una fórmula dentro de la ley que obligue a entregar documentos cuando hay dudas sobre la claridad  de la enfermedad o condición que ellos están declarando. Yo espero que se avance, el mismo Sebastián Piñera ha dicho que él será el más transparente de todos, entonces bueno, yo creo que no puede obstaculizar un camino de ese tipo, aunque se trate de la denominada familia militar”, subrayó.

Después de admitida la querella por el delito de fraude en subvenciones, la fiscal María  Boccanegra, está cargo de analizar a siete beneficiados, entre los que se encuentra el hijo del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, el ex miembro de la CNI, Emilio Neira, quien hoy goza de libertad después de cumplir una condena de 8 años por su participación en la muerte de personas en la Operación Albania; y la actual jueza de Familia, Patricia Rivera.