El puntapié inicial del gobierno de Sebastián Piñera estuvo marcado por los acontecimientos que se generaron en la interna de Carabineros. A la renuncia del hasta hace poco general director, Bruno Villalobos, se sumó la del ex jefe nacional de inteligencia, Gonzalo Blu. Ambos habían sido criticados por la manipulación de pruebas atribuida a la entidad policial en el caso de la Operación Huracán; y Villalobos, sobre todo, había sido apuntado como uno de los principales responsables políticos del megafraude llevado a cabo por internos de la institución durante más de once años, caso más conocido como ‘Pacogate’.

Si bien no le generaba ningún tipo de costo ni riesgo al actual Presidente, la movida se observó como una primera señal en contraste a lo que desarrolló el mandato de Michelle Bachelet, luego de varias ratificaciones en el cargo de la principal cabeza de Carabineros.

Tanto desde el duopolio como en el Frente Amplio observaron este movimiento de piezas no solo como “una señal”, sino que como un “primer paso”. Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional, indicó que urge al día de hoy una restructuración “bastante profunda”, que no se basa únicamente en “sacar al general director y con eso se arreglan los problemas”.

“Es una institución que tiene que estar sujeta a un mayor control financiero, administrativo por parte de la Contraloría y otros organismos externos, como también hay que diferenciar sus funciones con las de la PDI, que muchas veces terminan haciendo lo mismo. Eso obviamente va a traer una serie de reestructuraciones”, manifestó.

El parlamentario oficialista añadió que esta no es una simple señal del “Presidente, sino que va a llevar a cabo un proyecto que va acorde a lo que se comprometió en la campaña”.

En período de elecciones presidenciales, Piñera propuso, entre otras cosas, un nuevo sistema de control y una reorganización financiera al interior de Carabineros, junto con una redefinición de la estructura formativa de la institución y un mejoramiento de la Ley de Inteligencia.

Por su parte, Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, calificó la renuncia de Bruno Villalobos como un hecho “esperable y predecible”. A su vez, expresó que, ante todo, el escenario más importante es el de cambio.

“Pero ya no con el mando que estaba contaminado por esta situación, sino que con un nuevo alto mando, que por supuesto no debe aparecer vinculado a estos sucesos. Veo muy difícil que los mismos que han convivido con esta red de corrupción sean los mismos que la saquen. Tiene que haber una nueva generación de generales que tengan un compromiso con la probidad y el saneamiento de la institución”, dijo.

La diputada de Izquierda Libertaria, Gael Yeomans, ya había presentado junto a Claudia Mix –de Poder– una solicitud a la ex Presidenta Bachelet para remover tanto a Villalobos como a Blu. Ya consumado ese hecho, la parlamentaria explicó dónde se tiene que concentrar el esfuerzo de reestructuración.

“Hay una parte que nosotros creemos que tiene que ver con la forma de manipular recursos del Estado. Hay una parte de financiamiento que creemos necesario que se contenga. También, en términos de la constitución de la institución, la escuela de suboficiales y oficiales se tiene que revisar sí o sí. Y finalmente respecto al tema de cómo enfrentamos la seguridad de estas instituciones”, explicó.

La diputada Yeomans recalcó que la “la reforma tiene que tener todas estas aristas”.

Cabe recordar que la renuncia del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, era algo que se venía solicitando desde distintos sectores políticos desde el estallido del escándalo denominado ‘Pacogate’ con un fraude de más de $25 mil millones al interior de la institución, sumado a la denominada ‘Operación Huracán’, que llevó al Ministerio Público a investigar la manipulación de pruebas por parte de funcionarios de la Dipolcar.  La ex autoridad tuvo un blindaje completo por parte de Michelle Bachelet, por lo que se esperaba que su retiro del cargo se diera durante la primera etapa del gobierno de Sebastián Piñera, pero la renuncia y aceptación de la misma se produjo mucho más rápido de lo avizorado. Ahora, las expectativas de una posible reformulación de la institución uniformada se acrecientan, especialmente si se considera la necesidad de modernizar la institución y hacerla más transparente a la ciudadanía.