Mirelle Franco y Paulo Sergio Almeida son solo los últimos nombres de una larga lista de defensores medioambientales que han perdido la vida luchando por la preservación de sus territorios y comunidades. Datos oficiales cifran en 185 los muertos durante 2017; 201 en 2016 y 185 en 2015 son parte de las cifras anuales de hombres y mujeres asesinados por oponerse a proyectos empresariales que amenazan sus países. América es el continente más letal: seis de cada diez de estos crímenes ocurren en este lado del mundo.

Historias como la de la congresista brasileña acribillada camino a su hogar, o la de la propia Macarena Valdés en Chile, cuyo examen pericial exigido por la familia concluyó que en su muerte participaron terceros, tal como lo sostenían sus cercanos, son solo algunos ejemplos de las brutales formas de ataque, prácticas denunciadas por las comunidades y organizaciones que velan por sus derechos.

En conversación con el programa Semáforo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, relató la campaña que llevan adelante para impulsar el resguardo de estos defensores y defensoras. La idea, explicó, es visibilizar la importancia del trabajo de estas personas.

La abogada puso en el centro de sus preocupaciones la estigmatización que sufren estos ciudadanos. Según los indicadores, principalmente son representantes del mundo indígena los que terminan siendo clasificados como posibles delincuentes.

“No arriesgan su vida para cuidar su tierra o su comunidad, es para toda la humanidad”. La directora ejecutiva de AI recordó que en Chile existen casos como los que viven los mapuches en el sur, quienes se ven criminalizados por enfrentarse a proyectos forestales o termoeléctricos que amenazan sus territorios y lugares ceremoniales.

El rol del Estado es fundamental, no solo a la hora de proteger a aquellos que dan cuenta de situaciones de amenazas empresariales como es el caso de Rodrigo Mundaca de Modatima en Chile; sino también para desinstalar la concepción de las transnacionales que piensan que amedrentando pueden pasar por encima de sus habitantes. A juicio de Ana Piquer, los Estados del continente están en deuda con esta materia.

Uno de los llamados de Amnistía Internacional es a fortalecer las investigaciones para averiguar desde dónde vienen las amenazas en contra de los defensores y defensoras de la tierra. Desde la organización critican el que no exista la real voluntad política para llevar a término esos procesos. Ejemplo de ello sería lo que ocurre con el líder de Petorca: “Rodrigo Mundaca denunció y se inició un proceso judicial para determinar a los responsables de las amenazas. Nosotros enviamos una carta a la Fiscalía Nacional para saber cómo iba el proceso, la enviamos hace un mes y no hemos recibido respuesta”.

La invisibilización de estas amenazas es también condenada por Ana Piquer. La abogada cuestiona la forma en que los medios de comunicación masivos ignoran o tratan las informaciones, siempre dando a entender que los defensores de la tierra son delincuentes que reivindican la violencia: “Pasa con los mapuches en el sur, donde se los acusa de terrorismo; también en el caso de Petorca, donde son las comunidades a las que se las presenta como posibles responsables de un problema con la exportación de paltas, por ejemplo”.

Piquer aseguró que también es necesario avanzar en un modelo económico que no se enfrente al desarrollo sustentable, algo que en un continente principalmente extractivista es aún muy difícil de conciliar.