El 10 de marzo, es decir, un día antes de Michelle Bachelet llegara al Congreso para el cambio de mando, la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, llegó hasta la Justicia para presentar una denuncia con el objetivo de investigar los más de 30 mil casos de víctimas incluidas en las comisiones Valech I y II.

La acción judicial fue aceptada por el juez Mario Carroza. Sin embargo, esta labor podría complicarse ya que en 2003 se decidió que la información contenida en el informe Valech I quedaría en secreto por 50 años.

Lorena Fríes, ahora ex subsecretaria de Derechos Humanos, afirmó que en el caso de que ciertas indagatorias ya se encuentren en curso, no se alterará el proceso. En cambio, si las víctimas ya fallecieron, las pesquisas se apoyarán en documentación y en los datos aportados por familiares.

“El imperativo era que no quedara esto fuera y que pudiéramos seguir avanzando en verdad, justicia y reparación”, comentó la abogada a La Tercera.

Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que ahora todo dependerá del Poder Judicial. “Todos ya saben nuestra opinión respecto de la falta de voluntad política para enfrentar las demandas de DDHH que tuvo el Gobierno de Bachelet, pero ahora hay que poner los ojos en la Justicia para que se investigue, de una vez por todas, el genocidio de la dictadura que se encuentra en absoluta impunidad”, señaló.

“Es importante que la Justicia cambie la lógica de en la medida de lo posible y empiece a avanzar de verdad en función de enjuiciar a los violadores de DDHH”, añadió.