Revuelo ha generado en el último tiempo el requerimiento que votará el Tribunal Constitucional (TC) sobre la prohibición de controladores con fines de lucro en universidades, el artículo 63 de la Ley de Educación Superior. Requerimiento que significaría echar pie atrás a una de las medidas centrales de la propuesta de eliminación del lucro, del pasado gobierno de la Nueva Mayoría (NM). Ante a esto diferentes actores, desde la Nueva Mayoría hasta el Frente Amplio, han salido en defensa de artículo y arremetido contra las atribuciones del TC en este tipo de situaciones, pero ¿qué tenemos que defender los estudiantes ante el TC?

Poco y nada. Debemos recordar que el gobierno de la NM y el parlamento en su conjunto legislaron sobre esta ley, con la aprobación final de todos los colores políticos. Esto por una simple razón, dicha legislación que pretendía poner cota al lucro estaba lejos incluso de limitar y controlar el negocio educativo en la educación superior. En los hechos era un nuevo mecanismo de regulación del mercado educativo, manteniendo sus pilares de funcionamiento: 1) el interés privado como catalizador de la mercantilización, entendiendo en los hechos a la educación y el conocimiento como mercancía y bien de consumo; 2) una provisión mixta, pero con hegemonía privada, tanto por la cobertura de la matricula como por las lógicas imperantes; 3) la competencia como mecanismo regulador de la educación. Este hecho define el carácter de la reforma educacional y por tanto la razón para los acuerdos entre las fuerzas antiguas y nuevas que hoy son el soporte político del consenso dominante con el modelo.

No podemos olvidar que incluso más allá de la normativa, el lucro en la educación superior operaba a su anchas, siendo la ley letra muerta ante la materialidad de la mercantilización. El lucro ha estado prohibido (salvo en CFTs e IPs) desde la emergencia del modelo de educación neoliberal, lo que no ha impedido que los empresarios de servicio público (un sector económico consolidado al alero de la privatización y mercantilización de la política social) sean controladores de gran parte del sistema educacional chileno.

Por tanto, el debate y la disputa que debemos dar no puede estar enfocado en cuestionar y criticar lo evidente, el carácter y los intereses que defiende el TC, ni tampoco salir en defensa de una reforma que no cambió sustancialmente la realidad de la educación superior chilena. Esto último es la manifestación más profunda de la victoria del propio modelo y del gobierno de la Nueva Mayoría: cooptar las justas demandas del movimiento estudiantil. Por otro lado, que las fuerzas emergentes (Frente Amplio) terminen validando esto último, da cuenta de forma bastante acelerada del carácter funcional que esta coalición representa dentro del sistema político chileno.

El 2018 debe ser el año en donde el movimiento estudiantil revierta el reflujo al que se ha visto condenado por años, con una dirección moderada del progresismo universitario. Para esto, es necesario iniciar procesos en cada universidad, que nos permitan reconfigurar un horizonte educativo completamente rupturista con la mercantilización educacional y reinstalar una lucha frontal por demandas consecuentes con ello.