Había ciertas sospechas respecto de los avisos que daría el presidente Sebastián Piñera en materia de ley migratoria. Su discurso durante la campaña presidencial se había destacado por tener evidentes dejos de xenofobia, como cuando en noviembre de 2017 juntó los conceptos de inmigración y delincuencia, diciendo que “muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros”, lo que fue desmitificado a los pocos días por los datos otorgados por las policías.

Ahora fue algo parecido: en medio de su discurso afirmó que había que modernizar la actual regulación proveniente de la dictadura y reemplazarla por una norma moderna que mitigue “los riesgos asociados al movimiento de personas, combatiendo la inmigración irregular y reprimiendo las actividades delictuales en nuestras fronteras”; un mensaje parecido al que emitió unas horas más tarde su ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando señaló que como gobierno buscarán “cerrar las puertas a los extranjeros que vienen a delinquir, de forma irregular, y que vienen a no cumplir con la ley”.

Y uno de los principales anuncios que recibieron como positivos desde el activismo, sobre un proceso conocido como amnistía migratoria –que según el mismo Chadwick estará sujeto a “condiciones”–, el presidente Piñera también lo vinculó con la delincuencia.

“Se abrirá un proceso gradual de regularización extraordinaria, que va a permitir a aquellos extranjeros que permanezcan en el país, en situación irregular, y que hayan ingresado a Chile antes del día 8 de abril del año 2018, iniciar este proceso de regularización de su situación en Chile. Esta opción no estará disponible para aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales en nuestro país, o en su país de origen”, indicó.

Fuera de Chile

Dentro de las medidas más notorias está la creación del Servicio Nacional de Migrantes, además de la reformulación de la visa temporal en suelo nacional a partir del 23 de abril, que permitía a los turistas cambiar la calidad migratoria y que les daba acceso en ciertos casos a ser residentes, hasta ahora que se tendrá que solicitar fuera del país. Este último punto fue criticado por Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, quien dijo que “significa que mucha gente va a seguir en el círculo vicioso y en el tema de la dependencia del contrato para poder regularizar su permanencia en el país, y eso va a significar muchísimos más inmigrantes en situación irregular”, y agregó que las políticas anunciadas “van a dejar una situación de incertidumbre muy grande en la gente”.

De esta forma, Piñera informó que la única manera de obtener una visa temporal será en los consulados que Chile tiene alrededor del mundo, lo que se conoce comúnmente como visa consular. La medida se aplicará por fuera del Congreso Nacional, mediante un decreto, lo que motivó las quejas por parte de parlamentarios de varios sectores, como el PPD, quienes lamentaron que se “esté recurriendo nuevamente a la adopción de medidas administrativas, regular vía decreto”.

Por su parte, Eduardo Cardoza, miembro del Movimiento de Acción Migrante, criticó esta incapacidad de modificar el estado de los extranjeros ya estando en suelo nacional. “Al restringir el poder cambiar de visa en el país, es decir, que tú entres con una visa y puedas cambiarla por otra –lo que a veces es una necesidad–, genera irregularidad”, manifestó, y añadió que “no se detienen los flujos migratorios, lo que pasa es que se irregularizan y se precarizan”.

El dirigente expresó que se estaría por entrar a un proceso “muy involutivo, y creo que le va a traer muchos daños al país, porque abre un campo enorme al tráfico de personas”. Además, indicó que el hecho de dejar la residencia sujeta a un contrato se contradirá con aquello que dicen los organismos internacionales, que han anunciado que “no se puede condicionar los derechos de una persona a un contrato de trabajo”, según Cardoza.

Según el mismo presidente Piñera, se estima que un tercio del millón de extranjeros que llegaron a residir a Chile se encuentran en una situación irregular, lo que en la práctica y acorde al mandatario sería dos veces más de lo que existía hace cuatro años.

Haití y Venezuela

A partir del 16 de abril de este año se dispondrá –mediante decreto– la obtención para ciudadanos haitianos de una Visa Consular de Turismo Simple, que les permitirá entrar por un máximo de 30 días a las personas de aquella nacionalidad que vengan con fines de recreación, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, y se especifica que no está considerada la posibilidad de visitar Chile con un propósito de inmigración.

Para los ciudadanos venezolanos se estableció una visa llamada de responsabilidad democrática, que permitirá la permanecer durante 1 año con una prórroga que también considerará una solicitud de residencia definitiva, la que deberá ser solicitada en el Consulado chileno en Caracas.