La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó que, “a través de las gerencias y unidades correspondientes, se encuentra analizando las observaciones del informe final” que reveló la Contraloría General de la República sobre las irregularidades durante el combate de los incendios que se produjeron en el país a fines de 2016 y principios de 2017.

 Desde Conaf afirmaron que el objetivo es “adoptar las medidas pertinentes e implementar las acciones que en cada caso se señalan tendientes a subsanar las situaciones observadas por el Organismo Contralor”.

 Se concluye, entre otros temas, que durante la temporada 2016-2017, Conaf “no tuvo en operación dos de sus aeronaves, lo que, según sus propias investigaciones internas, obedeció a desperfectos provocados por errores administrativos. Tal falencia se suplió con contrataciones externas, lo que significó un mayor gasto para el combate de los incendios ocurridos en esa temporada de, al menos,  1.856.400 dólares”.

 Se indicó que las bases de licitación contenían exigencias improcedentes, falencias en la evaluación técnica de las ofertas, y evaluación errónea de las mismas.

 Para la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, las conclusiones de Contraloría son graves. Agregó que no solo preocupan en materia de probidad, sino también en que “el actuar del servicio no estuvo a la altura de las circunstancias”.

“Más allá de los temas legislativos o judiciales que se están estudiando, lo importante es reafirmar el compromiso de modernizar la Conaf. Eso  fue parte de nuestro programa de gobierno y nos damos cuenta que hoy es más necesario  que nunca tener un servicio que esté a la altura de las demandas de los chilenos, que sea transparente, pero también eficiente”.

La investigación fue solicitada por el senador Manuel José Ossandón en febrero de 2017.

El texto de Contraloría también determinó que existió una escasa fiscalización por parte de Conaf a los planes de manejo para incendios en los predios de Santa Olga y Florida. El órgano fiscalizador detectó que la corporación no cuenta con una política ni instructivo actualizado para el inventario de bienes destinados al combate de incendios.