No es parte de la agenda habitualmente, pero de manera silenciosa para gran parte de los medios masivos, una de las demandas que persigue al nuevo mandato del presidente Sebastián Piñera es la reparación a los ex presos políticos, exigencia que persiste ante la pasividad de los gobiernos de las últimas décadas.

El lamento y el enojo de las víctimas y sus familiares, probablemente, reserve un lugar importante para Michelle Bachelet y su reciente gestión, puesto que después de años de conversaciones en una mesa de trabajo dirigida por el Ministerio del Interior, no hubo nada en limpio, tan sólo borradores. Estos, tal como se supo días después del cambio de mando, fueron desestimados a última hora por el ex ministro de Justicia de Bachelet, Jaime Campos, quien debía firmar los decretos enviados por la entonces presidenta.

Pero como el tema quedó en nada era de esperar que se convirtiera en un conflicto para el nuevo mandato de Sebastián Piñera, muestra de esto es la interpelación que impulsaron una serie de diputados de oposición al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el miércoles de esta semana.

La acción será encabezada por la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, quien se refirió a nuestro medio sobre la instancia:

“La interpelación es una herramienta de fiscalización que tiene la Cámara cuando las bancadas consideran una irregularidad del ministro de Justicia. El centro de esto es el retiro efectivo que el gobierno realizó del proyecto de ley que ya había sido aprobado en la Comisión de Derechos Humanos. En la misma comisión el ministro Hernán Larraín nunca dio señales de que se retiraría el proyecto”, manifestó.

En la interpelación se prevé además que se le exijan respuestas a Larraín respecto de la sorprendente insistencia de los violadores de Derechos Humanos encarcelados en Punta Peuco de acceder a un indulto, bajo el argumento de enfermedad terminal, algo que según Carmen Hertz se ha visto como una presión hacia el gobierno de Sebastián Piñera, puesto que este adquirió compromisos con los ex militares en tiempo de campaña.

La antesala se ha ido tensando de a poco, puesto que Larraín insistió hace unos días en que no se repondrá el proyecto que entregaba un bono de 3 millones a los ya calificados. El argumento que ha venido utilizando es que este no tiene financiamiento, algo que no es efectivo puesto que en la ley de presupuesto aprobada para este año se dio el sí a un monto destinado a esta medida.

Aunque por otra parte, poco se habla de las organizaciones de ex presos políticos. Si bien el tema suele centrarse en el bono, este beneficio nunca fue del agrado de las víctimas, quienes desde un principio apuntaron a una reparación efectiva en las pensiones.

Con nuestro medio conversó Patricio Rivera, dirigente de la Unión Nacional de Ex Presos Políticos Autónomos, quien manifestó que el miércoles distintas organizaciones asistirán a la interpelación con tal de respaldar la acción de Carmen Hertz, quien además de congresista es una histórica defensora de los Derechos Humanos en Chile.

Según Rivera una de las principales respuestas que esperan de Hernán Larraín es sobre las indemnizaciones:

“El bono creemos que es un poco acallar o bajar nuestra demanda, creemos que lo más justo es que se mejoren las pensiones de los compañeros. Acaba de morir mi cuñado, ex preso político y miembro del Comité Central del Partido Socialista, es uno más de los tres o cuatro que mueren cada día. De los 38 mil estamos quedando unos 25 mil de los que fuimos admitidos en las comisiones Valech”, dijo.

El dirigente indicó que siguen firmes en la postura de que se recalifique para que así ingresen todas las personas que quedaron fuera de los beneficios en Valech I y II, asimismo quieren que se termine con el secreto de cuarenta años que pesa sobre el informe Valech I.

Para articular esto, el próximo 16 de junio distintas organizaciones de ex presos políticos realizarán un conversatorio ampliado en Buin, instancia en la que además de definir acciones sobre esta materia, se incluirán medidas a favor de las movilizaciones feministas.

El fallido Valech III

El ex ministro y candidato perdedor a la presidencia de la Gran Logia de Chile, Jaime Campos, impidió el traslado de los internos del penal Punta Peuco al recinto especial construido en Colina I para violadores de Derechos Humanos, pero también rechazó la posibilidad de crear una nueva instancia de reparación para las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Esto negando la firma a decretos presentados durante las últimas horas del mandato de Bachelet.

Recientemente el tema reflotó entre las organizaciones de ex presos políticos, puesto que la organización Desclasificación Popular, publicó en sus redes de manera íntegra el borrador del proyecto que creaba la comisión recalificadora llamada de manera extraoficial como Valech III.

El documento de siete páginas reconoce la obligación del Estado de seguir avanzando en medidas de reparación, acción fundamentada en los tratados internacionales a los cuales está suscrito Chile. Aunque también, puntualmente se indica la falencia dejada con la Comisión Valech II, en donde más de 22 mil víctimas no fueron calificadas, sin recibir una explicación ni una posibilidad de apelar.

El decreto incluso establecía las personas que conformarían la comisión. Para esto los nombres escogidos por el gobierno de Michelle Bachelet fueron Rosemarie Bornand Jarpa, Marcela Cornejo Cancino, Claudio Nash Rojas, Tomás Vial Solar y Patricia Pérez Goldberg, esta última ministra de Justicia de Sebastián Piñera en su mandato anterior.

Entre las novedades que presentaba la iniciativa era el que las personas podrían autorizar que sus testimonios fueran públicos, medida totalmente contraria a la impulsada por Ricardo Lagos con Valech I que estableció el secreto de cincuenta años.