El docente de la Universidad de Chile saludó la decisión de la Municipalidad de Valdivia que quitó la condición de hijo ilustre del ex dictador y su viuda, Lucía Hiriart. La determinación se une a otros municipios y entidades que buscan erradicar los signos de glorificación de la dictadura militar de los espacios públicos.
La instancia indicó que la determinación ha mantenido el pacto de silencio de las instituciones castrenses y la impunidad en materia de violaciones a los derechos fundamentales cometidos durante la dictadura.
Este miércoles se realizará la interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a cargo de la diputada Carmen Hertz (PC). El tema central del cuestionario será el impedimento del Ejecutivo a las medidas de reparación a víctimas de prisión y tortura, por lo mismo, las organizaciones anuncian que asistirán al Congreso durante la jornada.
Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.
El ex comandante en jefe del Ejército defendió la labor de la Concertación chilena, además aseguró que era innecesario levantar el secreto de la comisión Valech. En contraposición a su opinión, las víctimas piden que todos los chilenos puedan acceder a los relatos.
Luego de las declaraciones del ex presidente, donde comparó el secreto Valech con los archivos que resguardó la Vicaría de la Solidaridad en dictadura, Nelly Cárcamo de la Unión de Ex Presos Políticos corrigió al ex mandatario en que la organización que protegió a perseguidos políticos guardaba información para que no cayera en manos de la CNI.
Un grupo de cien víctimas de la dictadura cívico militar presentó dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pretenden que la Presidenta Michelle Bachelet se pronuncie sobre el “silencio administrativo” del Estado, que nunca notificó de manera formal los motivos por los cuales quedaron sin reparación.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue facultado por la Contraloría General de la República a entregar antecedentes a los jueces que investigan casos de violaciones a los derechos humanos, levantando el secreto que por ley se establece a la denominada Comisión Valech II, debido a que esta segunda instancia recogió testimonios de casos de Detenidos Desaparecidos (DD.DD.) y de Ejecutados Políticos, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.
