Van dos semanas ya desde que un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) partió rumbo a Colombia para prepararse, por un mes, con la Policía Nacional en el área de combate contra organizaciones criminales.

Insistiendo en el foco de seguridad pública y obviando el conflicto político que significa, el gobierno nuevamente hizo un guiño para abordar el conflicto con el pueblo mapuche desde un punto de vista delincuencial.

“Estamos pidiendo que nos instruyan, nos ayuden a preparar esta gente, personas extranjeras que tengan experiencia en estos temas”, dijo en abril el general director de la institución uniformada, Hermes Soto. Según detalla La Tercera, “además del entrenamiento en terreno para identificar huellas y mecanizar movimientos en dotaciones compactas, también tendrán instrucción en enfermería, tirador de alta precisión y guías de exploración aérea”.

Todo indica que “las características del terreno de la selva colombiana son relativamente parecidas a algunos sectores de la zona sur del país”. Esa es una de las razones esbozadas por Soto para enviar funcionarios a terreno cafetero.

Pero la noticia no cayó bien en todas partes. Distintos actores y sectores han esbozado críticas en contra de la medida. Uno de ellos ha sido Francisco Huenchumilla, senador DC y ex intendente de la región de La Araucanía, una de las tres regiones (junto a Biobío y Los Ríos) que será destino de los funcionarios entrenados. Huenchumilla afirmó en radio Biobío que “la situación colombiana es totalmente opuesta a la situación chilena. En Colombia hubo guerrilla y narcotráfico. En Colombia hay 100 tribus de poblaciones indígenas y estas tienen una perfecta relación con el Estado. Gozan de autonomía, tienen justicia propia, están reconocidas por la Constitución de Colombia. Es totalmente diferente”.

En la misma línea declara Aucán Hilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras y líder mapuche. “Es un desahucio al diálogo. Es un contexto completamente distinto, porque en Colombia existían dos grupos beligerantes. Paralelamente estaban los grupos paramilitares, creados con presencia del sector privado y con el Estado. La gran diferencia es que allá hay una alta producción de narcotráfico. El poder central no tenía ningún control. Colombianizar La Araucanía es un error que bordea cualquier sentido común”.

Además, el referente mapuche agrega que este tipo de política solo ahondan más el conflicto: “Es lamentable que un gobierno que se autodefine de democrático recurra a este tipo de prácticas, porque hay que recordar que Colombia recurrió a EEUU los últimos diez años, bajo el plan colombiana. Aquí bajo el plan Araucanía se quiere traer esa experiencia para acá, lo que resulta perverso porque en Colombia operan sicarios. Piñera está creando un ambiente contrario a la paz. Por esta práctica a los mapuches les da el legítimo derecho de prepararse y defenderse ante la agresión inminente que se le avecina. El conflicto posiblemente se va a intensificar”.

La Comisión Ética contra la Tortura también emitió una opinión al respecto. En un comunicado publicado este lunes, reiteraron la necesidad de abrir en Chile los espacios de diálogo, como garantía de respeto de los derechos humanos, de no discriminación y de no actuación de poderes fácticos.

Juana Aguilera, presidenta de la organización cuestionó la transparencia procedimental con que se llevan a cabo este tipo de medidas: “La rechazamos porque pensamos que una medida de esta naturaleza, que viene del gobierno central, en un país democrático, por lo menos debiera pasar por el parlamento yeso no ha sido así, más aún cuando la crisis en carabineros de Chile todavía no termina de resolverse. No es posible estar entrenando a un grupo de personas para ir a reprimir al pueblo mapuche. No pueden usarse las mismas estrategias que se usaron durante el terrorismo de estado en Chile para resolver un conflicto que se da en un marco democrático”.

La preparación de la policía chilena continuará en Estados Unidos para tener como futuro destino probable, España.