La modernización del Estado ha sido un caballito de batalla desde la campaña que promovió la candidatura de Sebastián Piñera. Es por esa razón que este lunes el mandatario presentó el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado con el objetivo de que, en un plazo de 100 días, se elabore un documento de propuestas que apunten a agilizar el funcionamiento de las oficinas públicas.
En ese contexto el jefe de Estado presentó durante la jornada de lunes el equipo que conformará el consejo. Liderados por el ex contralor Ramiro Mendoza, el grupo está compuesto por doce miembros, entre ellos el ex ministro Javier Etcheberry, el presidente de Telefónica e ICARE, Claudio Muñoz, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, Mario Waissbluth, de Educación 2020, la directora de la Bolsa de Comercio, Jeannette Von Wolffersdorff y la directora ejecutiva de Chile 21, Gloria de la Fuente.
En conversación con este medio, De la Fuente explicitó que, por el momento, antes de reunirse con el Presidente, la única exigencia clara es el plazo de 100 días. Además de eso, mencionó cuál cree que debiese ser la prioridad que debiese abordarse: “Creo que hay que poner al centro de la discusión las necesidades de las personas y los ciudadanos. Cuando las personas empiezan a perder sentido en el espacio, no solamente lo que significa la vida en comunidad, sino que además le otorgan al servicio público poca relevancia o sienten que su vida no pasa por lo que puedan hacer estos servicios públicos, aquí hay algo importante que hacer”.
Pero no todos miran con buenos ojos la iniciativa o la forma en la que se ha ejecutado. Uno de los grandes ausentes dentro del consejo es la presencia de grupos representantes de los intereses de los trabajadores, específicamente de los funcionarios públicos. A eso apunta Fabián Caballero, vicepresidente de Formación Sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que cuestiona la nula presencia de empleados del Estado en la discusión que se dará en el consejo: “Esa conversación tiene que darse con un componente central, que son sus trabajadores y organizaciones. El primer gobierno de Bachelet también instituyó lo que se llamó el Consorcio Público Privado para la modernización del Estado. En esa propuesta también fueron excluidos los trabajadores y su organización. O sea, todo el mundo que no trabaja en el Estado, los think tanks, centros de pensamiento político, pueden expresar su opinión sobre el Estado, pero al parecer los que funcionamos y hacemos funcionar al Estado no tenemos opinión sobre el tema”.
Otra de las preocupaciones que inquietan es el foco que debiera tener, dada su diversa composición, el trabajo de los miembros. Según indica Joseph Ramos, presidente del Consejo Nacional de Productividad, el Estado debiera dar el ejemplo y regularizar la situación contractual de sus trabajadores: “Ya es tiempo de que el sector público se rija por el Código del Trabajo, tal vez con alguna limitación para evitar que cada administración despida a todo el mundo. También creo que el sistema de incentivos debiera ser corregido. Actualmente entiendo que los incentivos por buen desempeño de la institución lo ganan como el 90 por ciento de los trabajadores. Eso quiere decir que la vara está simplemente muy baja”.
El Presidente Piñera firmó el proyecto de ley que busca reducir la carga de trámites administrativos e impulsar el uso de documentos digitales. El proyecto de ley de Transformación Digital persigue impulsar la obligatoriedad del soporte electrónico para los procedimientos administrativos y validar jurídicamente los documentos originales en papel digitalizados.
