Para cualquiera de los cientos de miles de apoderados que tenemos hijos en el colegio, lo que acaba de descubrir la Fiscalía Nacional Económica no es ninguna novedad. Hace años que sabemos que uno de los principales dolores de cabeza de ese momento que un spot televisivo llama “cuando se aparece marzo”, es la compra de textos escolares. Se trata de una situación espuria, indignante, brutal para el bolsillo de las familias, a la cual la FNE le ha puesto números: el mismo texto por el que el Estado paga 877 pesos, a las familias les cuesta 36.900 pesos.

Éste no es siquiera un secreto a voces, puesto que probablemente ha sido conversado en todas las reuniones de apoderados y en todos los grupos de whattsap de apoderados de aquellos colegios donde hay que pagar por los libros. Se dice que así es la libre competencia, pero como en casi todos los sectores de la economía nacional no existe tal cosa, sino un mercado controlado por un par de actores con un alto poder para controlar eventualmente los precios. Lo descrito ocurre en el país donde probablemente se adhiere con más entusiasmo a la economía de mercado.

El sector de los textos escolares no parece ser muy distinto a los de los pollos, las farmacias o el papel higiénico. Hoy los principales diarios traen la noticia en sus portadas pero les cuesta nombrar a las editoriales en los titulares o en las bajadas, probablemente porque las empresas acusadas se han vuelto actores muy poderosos. Pero yendo al grano: las editoriales SM y Santillana concentran el 88 por ciento del mercado. Esto es eventualmente un duopolio que impide hacer cualquier mención genuina a la competencia en un mercado libre.

Insistimos en que no hay secreto alguno y en que esta concentración ha dado lugar a situaciones absurdas, tragicómicas. Es sabido el enorme lobby que realizan estas editoriales ante los equipos directivos para hacerse de toda la comunidad de un colegio, devenida para estos efectos en una mera porción del mercado. Incluso se ofrecen viajes a Buenos Aires o cosas por el estilo, todas las cuales no son formalmente prácticas corruptas, pero inciden sin duda en la decisión final. Así, e insistimos, no estamos diciendo nada que no sepan todas y todos los apoderados que nos están leyendo, por arte de magia todos los profesores de todas las asignaturas de todos los cursos y de todos los niveles de un colegio optan por los libros de SM o, al revés, de Santillana. No culpamos aquí a los profesores, pues sabemos que ya ni siquiera se les presiona, pues esta decisión simplemente se toma más arriba.

De este modo, una familia, además de tener que lidiar con el uniforme, los útiles escolares y en muchos casos con la matrícula, debe comprar los textos de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Historia y Ciencias Naturales. Estos no son los únicos, pero para quedarnos solo aquí: 36.900 por cuatro da un total mínimo de 147 mil pesos por alumno. Multiplique todo esto por todos los niños de un colegio; más aún, imagínese a dos editoriales que tienen el 88 por ciento del mercado y en donde por cada niño se pagará como mínimo 147 mil pesos y podrá darse cuenta fácilmente de que trata de un negocio multimillonario y sin riesgos.

Antes, incluso, se podía comprar el libro a los niños del curso superior y con eso bajar los costos familiares. Era la época en que íbamos con nuestros padres a los locales de libros usados a un costado de los juegos Diana. Pero eso también fue cercenado, pues estas editoriales venden cada año el mismo libro, pero cambian el orden de los capítulos o de las páginas y con ello hacen pedagógicamente inutilizable el libro del año anterior. Los libreros de San Diego además denunciaron en el año 2012 una eventual colusión entre Santillana y SM, pero esa presentación no fue acogida.

Recuerdo cuando junto con otros apoderados del colegio de mi hijo planteamos respetuosamente el tema, partiendo de la cándida pretensión de que recibiríamos el apoyo de la dirección. La profesora se incomodó muchísimo, pues nuestra acción probablemente le traería problemas, pero luego la respuesta que recibimos fue clara: estábamos en ese establecimiento por nuestra propia voluntad y si no nos gustaba, podíamos buscar otro colegio. Es decir, la permanencia de nuestros hijos en el Colegio era conversable, pero no el multimillonario negocio de los libros. Esperamos que la investigación de la Fiscalía Nacional Económica llegue hasta el fondo y se tomen las medidas para terminar con esta espuria cosecha que cada mes de marzo se hace con los bolsillos de cientos de miles de familias en Chile.