La jueza Ivani Silva da Luz, de Brasilia, argumenta en su decisión que la iniciativa de Bolsonaro “no es compatible con el proceso de reconstrucción democrática” promovido por la Constitución de 1988 y que las fechas conmemorativas deben ser aprobadas por el Congreso.
“Después de años de embates político-ideológicos, de resistencia democrática y reconquista del Estado de Derecho, que culminaron en la promulgación de la Constitución Federal de 1998, se espera concordia, serenidad y equilibrio de las instituciones”, escribió la magistrada.
El fallo, de carácter cautelar, dio satisfacción a la Defensoría Pública de los Derechos del Ciudadano (parte de la Fiscalía), que el martes identificó las reivindicaciones del golpe a “una apología de la práctica de atrocidades masivas”.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército que a lo largo de su carrera como diputado exaltó la dictadura en numerosas ocasiones, encendió la polémica al pedir el lunes a través de su portavoz que los cuarteles realizaran “las conmemoracionesdebidas” del levantamiento militar del 31 de marzo de 1964, que derrocó al presidente Joao Goulart.
Un juez de la corte suprema, Gilmar Mendes, denegó por su lado otro pedido de prohibición de las conmemoraciones, pero al no entrar en el mérito de la cuestión, no anula el fallo de la jueza Silva da Luz.
Llamados a protestas
Organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda llamaron a manifestarse el domingo en varias ciudades, para repudiar el golpe.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, consideró este viernes “preocupante que las autoridades de un país sugieran celebrar” el inicio de un período marcado por persecuciones políticas, represión y restricción a la liberad de expresión y de prensa.
Un trecho del orden del día leído el viernes en un acto castrense en Brasilia destaca: “Las Fuerzas Armadas participan de la historia de nuestra gente, siempre alineadas con su legítimas aspiraciones. El 31 de marzo de 1964 fue un episodio simbólico de esa identificación”.
Un regimiento de Sao Paulo ya celebró también el jueves el aniversario, afirmando que las Fuerzas Armadas respondieron al “clamor” popular para frenar una “escalada hacia el totalitarismo”.
Ante la controversia suscitada, Bolsonaro matizó el miércoles su anuncio, afirmando que la lectura de una declaración en los cuarteles no se proponía “conmemorar, sino rememorar” los hechos de 1964.
“Rever lo que está equivocado, lo que está acertado y usar eso para el bien de Brasil en el futuro”,agregó.
Cuestionado este viernes en una rueda de prensa sobre la decisión de la magistrada, el portavoz del gobierno, Otávio Rego Barros, respondió: “Lo que tenemos que decir ya lo dijimos de forma clara durante la semana. No tenemos nada más que añadir”.
Según la Comisión Nacional de la Verdad, hubo durante la dictadura (1964-1985) 434 asesinatos cometidos por cuerpos represivos, así como centenares de detenciones arbitrarias y de opositores torturados.
Esa cifra no incluye a centenares de víctimas de milicias contratadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por el Estado.
Documentos estadounidenses desclasificados el año pasado revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en el palacio presidencial.
Con la AFP
