A raíz de una entrevista que este columnista tuvo el 18 de abril pasado con algunos propietarios de viviendas unifamiliares localizadas en la manzana conformada por las calles General Amengual, Coronel Souper, Recreo y 5 de abril de la comuna de Estación Central, perjudicados por las faenas de un edificio en altura, se pudo constatar que tanto el alcalde UDI Rodrigo Delgado como su subordinada Directora de Obras Municipales (DOM), María Eugenia Gaete, se han resistido a obedecer el categórico dictamen Nº 44959 del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes,  de 2017, emitido por la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, mediante el cual se concluyó que todos los anteproyectos y permisos de edificación, 30 y 72, respectivamente, acogidos a la figura de agrupamiento continuo son contrarios a derecho.

En vista de que dicha municipalidad desobedecía ese dictamen, fue necesario que grupos ciudadanos le representaran esa irregular situación a la Contraloría, institución fiscalizadora que se vio en la necesidad de emitir el dictamen Nº 27.918 del 12 de noviembre de 2018, corroborando lo que ya había resuelto disponiendo la invalidación de los anteproyectos y permisos de edificación que tuvieran singularizado ese tipo de agrupamiento y exigiendo la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios municipales que han desobedecido sus instrucciones.

La opinión pública ha visto en la televisión y ha escuchado en las radios al mencionado alcalde diciendo muy seguro de sí mismo que comparte plenamente los dictámenes de la Contraloría y que, a través de la DOM, se han estado iniciando las invalidaciones de los permisos, incluso tal municipalidad ha dado a conocer un pormenorizado listado de 49 de esos actos administrativos que se estarían dejando sin efecto. Pero en realidad nada de ello ha sucedido, luego los dichos del alcalde son meros deseos publicitarios incumplidos y por ello los dueños de las inmobiliarias continúan campantes levantando sus espigadas torres como si no existieran los dictámenes de la Contraloría.

En rigor, si estuviésemos viviendo en un país serio, las perentorias órdenes de la Contraloría se debieran haber cumplido hace tiempo y todos los anteproyectos y permisos de edificación ya estarían invalidados y como consecuencia de ello, sus titulares habrían interpuesto rápidamente recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago haciendo valer, como es habitual, sus presuntos derechos adquiridos de buena fe (sic) para ejercer actividades productivas en la comuna de Estación Central.

Este columnista sostiene que ni el alcalde ni la DOM han cumplido con sus deberes pues han apostado a un ingenioso perdonazo que podría venir de la nueva administración del Minvu, la que, como se sabe, es comparsa de las influyentes asociaciones empresariales de la construcción. También cabe la posibilidad de que estén esperando la renuncia a su cargo por parte del contralor Bermúdez, quien se ha visto atacado por la industria de la construcción y por la prensa del establishment por haber tenido el pecado de ceñirse a la ley en sus dictámenes.

Ahora bien, volviendo a la reunión que sostuvimos recientemente con los vecinos que reclamaban, ellos nos entregaron copia del permiso de edificación Nº 222-2016 del 14 de octubre de 2016, luego de fecha posterior a la DDU 313 del 16 de mayo de 2016 del Minvu que estableció la ilegalidad de los permisos con agrupamiento continuo, por no existir un Plan Regulador Comunal (PRC) en ese sector. Ese permiso hace suyas las normas de un anteproyecto del 11 de junio de 2015, el que, a mayor abundamiento, estaba vencido conforme al artículo 1.4.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y para colmo tal permiso no fue notificado a la Junta de Vecinos respectiva, por lo tanto se vulneró el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

En dicho documento público se “aprueba” a favor de la Inmobiliaria Suksa Limitada la construcción de una torre de 33 pisos en el sitio resultante de 1.197 m2, ubicado en la calle General Amengual Nº 480, producto de la fusión de 3 predios más pequeños. Para sacarle un exorbitado rendimiento a la inversión, se lee en el formulario del permiso que la torre contempla 15.738 habitantes por hectárea, con lo cual se evidencia que los avezados mercaderes no trepidaron en exprimir al máximo el limón. El lucrativo negocio inmobiliario contempla 471 departamentos, un local comercial, 133 estacionamientos y sus faenas preliminares comenzaron en octubre de 2018 con la excavación del terreno.

Demostrativo del desorden absoluto en la materia, se observa que el invasivo proyecto cuenta con una alegre Resolución de Calificación Ambiental (RCA) cursada en una fecha muy posterior a los dictámenes de la Contraloría, luego cuando los funcionarios públicos que la cursaron ya sabían de antemano que el proyecto era ilegal. Algún lector se preguntará qué hicieron los concejales al respecto, ya que ellos tienen la obligación de fiscalizar al alcalde y, según sabemos, todos estuvieron mudos para que fueran considerados en algún próximo viajecito de estudios y recreación a Punta Cana o a algunas islas del Caribe. El único concejal que ejerció  su rol fue Felipe Muñoz, quien hizo lo que pudo como un Toribio el Náufrago.

¿Cuál será el epílogo de la situación?

Si el alcalde Delgado acepta la corrupción, insistiendo en no ejercer su potestad jerárquica para que su DOM inicie las invalidaciones de los permisos, todas las torres, en un tiempo más, con inversiones del orden de los US$ 2.000 millones, contarán con las recepciones de obras definitivas y estarán ocupadas por miles de familias, muchas de ellas foráneas, y este será el caso de perversión inmobiliaria más grotesco de todos los que se conocen.

Entonces, debido a la falta de imperio de los dictámenes de la Contraloría, los dueños de los proyectos ilegales habrán obtenido excelentes utilidades y, entre ellos, celebrarán sus aviesas fórmulas para violar las reglas del mercado. Por lo dicho, como un episodio más, constatamos que en Chile la impunidad está asegurada para todos aquellos particulares que se relacionan con el poder político y no nos extraña en absoluto que ni el Colegio de Arquitectos de Chile ni el denominado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), selecto grupito conformado por personas afines a las autoridades de turno, no hayan emitido juicios en contra de esos viciados permisos.

Finalmente, estaremos atentos a lo que exprese públicamente la recién conformada bancada de diputados que promueven las viviendas dignas y las ciudades justas.