La Doctrina y la normativa de los Derechos Humanos, consagrados en los diversos pactos y convenciones, nacidas como respuesta a la barbarie nazifascista ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial, han sido considerados como un mínimo ético civilizatorio, que los Estados integrantes de la comunidad internacional se han comprometido a respetar íntegramente en sus respectivos territorios bajo la debida supervisión del sistema de protección internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, el actual Gobierno, ha implementado desde sus inicios, un conjunto de medidas en materia de Derechos Humanos, constitutivas de una política oficial, que no sólo constituyen un grave retroceso en esta materia, sino además han puesto al Estado de Chile en una situación de descrédito y consecuente aislamiento al interior de la comunidad internacional, en razón de sus reiterados incumplimientos.
En efecto, desde que asumió, el Gobierno ha incumplido impúdicamente las obligaciones internacionales del Estado de Chile, establecidas para enfrentar debidamente las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar, consistentes en establecer la verdad de lo ocurrido, realizar la Justicia necesaria, otorgar la reparación adecuada a las víctimas y garantizar la no repetición, este Gobierno ha incumplido reiteradamente esas obligaciones. A título ejemplar, mencionaremos el retiro del Congreso Nacional de un Proyecto de Ley sobre Reparaciones a los presos políticos torturados sobrevivientes, que le significó al Ministro de Justicia una interpelación parlamentaria; ingresó a la Cámara de Diputados, una iniciativa legal llamada “Ley Humanitaria”, que persigue liberar a los criminales de lesa Humanidad recluidos en Punta de Peuco; se ha opuesto a través de diversas indicaciones a sancionar penalmente el negacionismo; ha respaldado a quienes justifican las violaciones a los derechos humanos y reivindican a sus autores; no ha implementado ninguna iniciativa tendiente a encontrar a los detenidos desaparecidos desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales especializados y ha respaldado la aplicación de penas irrisorias a los criminales de lesa Humanidad por parte de los Tribunales de Justicia.
En cuanto a la necesidad de avanzar en la suscripción de nuevos instrumentos internacionales, que resguarden debidamente derechos fundamentales, el Gobierno decidió no suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, a pesar de haber colaborado en su redacción, desechó el Acuerdo de Escazú, a pesar que Chile será sede este año de la Cumbre Climática Mundial (COP25) y ha expresado su decisión de no suscribir el Protocolo Facultativo de CEDAW, que garantiza los derechos de las mujeres y establece una instancia internacional donde recurrir, cuando éstos derechos son violados en los respectivos países.
En materia de derechos sociales y económicos, el Gobierno ingresó un Proyecto de Ley sobre Reforma Tributaria, que sólo beneficia al 1% más rico de la población, que impedirá una mayor recaudación que facilite la cobertura de garantías de derechos sociales fundamentales. Asimismo, ha anunciado una reforma laboral cuyos términos conocidos indican que sólo significará un retroceso en materia de mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Y la anunciada Reforma previsional, sólo consolidará el actual sistema de AFPs, el que seguirá postergando un verdadero sistema de seguridad social que sea capaz de garantizar el legítimo derecho a una pensión digna, hoy negado a millones chilenas y chilenos. Por último, el proyecto de ley sobre educación ingresado, importa retrotraer las cosas a un sistema excluyente en materia de admisión, a la vez que la mantención del crédito y el endeudamiento como forma de financiamiento, sepulta toda posibilidad de considerar al derecho a la educación como un derecho social y no un bien de consumo.
Sin embargo, la última medida adoptada en contra de los sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos, no sólo ha generado una legítima preocupación de nuestra Institución y demás organizaciones de Derechos Humanos, sino una entendible indignación en vastos sectores sociales y políticos.
Así, en los últimos días hemos tomado conocimiento que el gobierno de Chile ha decidido, a través de una Carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representar a ese organismo la necesidad de reinterpretar los principios fundantes del sistema interamericano, relevando en la misiva “el principio de subsidiariedad”, mediante el cual intenta reducir el rol de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, dejando a las víctimas en la más completa indefensión frente a los abusos del Estado.
Con este planteamiento, el Gobierno niega y desconoce, que en el ámbito del Derecho Internacional, el principio que rige la relación entre los Estados y dichos órganos de protección, es el de “complementariedad”, en el sentido que el sistema de protección internacional de los derechos humanos, es un complemento de las acciones y medidas que asumen los propios Estados para proteger los derechos fundamentales de sus habitantes.
Agrava lo anterior, el que en la mencionada Carta, el Gobierno reivindica “un legítimo espacio de autonomía” frente a la acción de los órganos de protección, invocando para ello la soberanía nacional para oponerse a la legítima acción de supervisión de las obligaciones internacionales del Estado chileno. Cabe recordar que éste, fue precisamente el argumento alegado por los representantes de la Dictadura en los distintos foros internacionales, particularmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante las comprobadas acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país.
En suma, la mencionada Carta constituye otro grave retroceso en materia de derechos humanos, que se suma a una larga lista de medidas adoptadas por el actual Gobierno, que no sólo son contrarias a las obligaciones internacionales del Estado chileno, sino que vulneran el anhelo mayoritario del pueblo chileno de transitar hacia una verdadera democracia fundada en el pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos, que se encuentran consagrados en los diversos instrumentos internacionales sobre la materia y debidamente supervisados en su cumplimiento, por los diversos sistemas de protección internacional.
