Hoy 24 de julio se cumplen tres años desde que la Coordinadora No+AFP realizara la primera gran manifestación que, convocando personas de distintas edades, regiones y sensibilidades políticas, se ha convertido en uno de los movimientos más sólidos y persistentes de los próximos años. La demanda es clara y está contenida en el título: No+AFP. Se trata de una voluntad que, sin temor a exagerar, es compartida por millones de personas pero que, sin embargo, no mueve un ápice el funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa de la República, como el Gobierno y el Parlamento. Prueba de ello es la negociación entre el Ejecutivo y fuerzas políticas de oposición en el Congreso Nacional, donde con el rechazo explícito de la Coordinadora y, según los expertos, sin que se modifique en nada significativo el actual sistema, se está avanzando en viabilizar el proyecto de ley presentado como de “Reforma Previsional”.

Ciertamente, en lo formal, las autoridades no están obligadas a escuchar a los movimientos sociales e incluso pueden aferrarse a los principios de la democracia representativa, si afirman cosas como “el pueblo nos eligió en las elecciones y nosotros decidiremos según ese mandato y nuestra conciencia”. De hecho, algo parecido contestó un senador de la Comisión de Relaciones Exteriores a nuestro medio cuando se le consultó por la masiva participación y mayoritaria posición de rechazo en el Plebiscito sobre el TPP-11. Pero es muy extraña una dirigencia política impermeable a las demandas sociales organizadas y masivas o, más bien, es un perfecto síntoma del sistema post-dictatorial fraguado bajo la idea que aunque haya democracia y elecciones, nada debe modificarse. Así ha sido y así se han hecho parte de él sectores que ayer combatieron a Pinochet.

Antes, durante décadas, los trabajadores chilenos aceptaron de forma sumisa las paupérrimas condiciones jubilatorias de las AFPs, en parte porque la gravedad del problema se ha ido develando gradualmente. En la actualidad, según datos de la Fundación Sol no desmentidas por la autoridad, el 90,9% de las pensiones de vejez que pagan las AFP son menores a $149.435, lo que equivale solo al 66% del salario mínimo. Esta contradicción en la política pública chilena es en sí misma absurda, puesto que si por un lado se establece un mínimo de ingresos sin el cual los trabajadores no pueden vivir ¿cómo es que al mismo tiempo se permite que casi todos los jubilados reciban mucho menos que esa cifra?

En estas circunstancias, nuestra sociedad debe permitirse sacar el debate de lo técnico, o más bien reivindicar su carácter eminentemente político, y preguntarse cuál es el lugar que queremos darle a los adultos mayores en este gran colectivo ¿Queremos de verdad, que haya personas que pertenecen a las generaciones que le abrieron camino a las nuestras, que barran las calles o conduzcan taxis o empaqueten en los supermercados arrastrando dolencias de todo tipo, por necesidad, cuando el cuerpo les pide descansar después de haber trabajado toda la vida? ¿Nos seguirá pareciendo normal que una jubilación miserable se vaya íntegra a la compra de medicamentos? ¿Dejaremos que la dignidad de los viejos dependa de si los hijos son buenos o malos, de si les alcanza o no les alcanza para ayudar a sus padres y madres?

Estas preguntas exceden largamente las páginas de la sección de Economía o el legítimo debate sobre cuál es la fórmula técnica para administrar los ahorros previsionales en Chile. Una sociedad que menoscaba a los mayores está renunciando a ser más sabia. Deberíamos, además, tener la obligación moral de dar dignidad a quienes durante el tránsito de su vida forjaron las cosas buenas de las que hoy disfrutamos.

Todas estas consideraciones colisionan con quién tiene el poder y toma las decisiones. Esta mañana El Mercurio publica una editorial que titula sin complejos “Límites a la negociación en pensiones”. En ese texto, el medio de comunicación que históricamente ha operado como vocero de los dueños del país nos advierte que el sistema de capitalización individual, muy excepcional si se compara a Chile con el resto del mundo, es intocable y no puede ser sometido a modificaciones por las actuales dirigencias. Pero la ciudadanía organizada dice otra cosa, con razones técnicas consistentes, por lo que se esperaría que el Parlamento tome opciones. Ya vemos en qué dirección lo está haciendo.