Por si no fueran poco las graves violaciones a los derechos humanos luego del 18 de octubre del año 2019,  la existencia aún de zonas de sacrificio para sostener un modelo extractivista y la profundización de un sistema de vida basado en el endeudamiento, consumismo y la privatización de prácticamente todos los ámbitos de la vida en Chile, inclusive las fuentes de agua, se suma la errática respuesta del gobierno de Sebastián Piñera frente a la expansión del coronavirus (COVID-19).

Una expansión, que si bien ningún gobierno en el mundo a problematizado sus causas estructurales, vinculadas a la expansión del agronegocio y la industria de la carne (más allá de la absurda retórica conspiracionista de personajes como Donald Trump y Nicolás Maduro), han existido distintas respuestas de los gobernantes, centradas en aplicar medidas de prevención universal para la población, las cuales las que más han dado resultado han sido las que han puesto su foco en el aumento de pruebas para detectar el virus, el aislamiento de contagiados, el distanciamiento social y la promoción rigurosa de medidas de higiene.

En el caso de Chile, la situación podría ser muy dramática y grave si no se toman fuertes medidas de prevención universal, considerando que ya van más de mil personas diagnosticadas con COVID-19. A pesar de esto, el gobierno de Piñera se ha negado a declarar cuarentena a nivel nacional y regional, aplicándola de manera zonal solamente (sector oriente y centro de la capital), ya que al parecer no quiere alterar mayormente el orden económico del país, el cual estaría por sobre la vida de las personas. De ahí que haya declarado Estado de Excepción y toque de queda en todo el país, como si el problema fuera de seguridad y no de salud.

Esto dentro de un marco político en donde la salud, al igual que casi todo lo existente, lo regula el mercado, al no ser un derecho sino un bien transable como cualquier otro producto o servicio. Esto como consecuencia de la imposición de una constitución en dictadura de hace 40 años, que niega la posibilidad del derecho universal, público y solidario a la salud para todas y todos, generando por el contrario un sistema fragmentado, que depende del bolsillo de cada persona.

No es de extrañar entonces, que aquel modelo mercantil de la salud,  quede evidenciado con la oportunidad de negocio que ha generado el COVID-19, a través del aumento de precios en medicamentos de parte de farmacias y el aumento del valor de exámenes de prevención del coronavirus, los cuales aunque parezca insólito, no son garantizados por el Estado de Chile de manera gratuita y universal, a diferencia de muchos otros países de la región y del mundo.

Por todo esto, más que un Estado negligente, nos encontramos frente a un Estado darwinista, que ha generado las condiciones para que vivan quienes tienen los medios económicos para hacerlo, considerando que el número de camas por habitante en Chile es mucho menos del promedio de los países de la OCDE.

Además,  si no es así, no se explica por qué a pesar de que el foco de los contagiados por el COVID-19 estuvo concentrado en el sector oriente de la capital desde un principio, zona por lejos con más altos ingresos de la Región Metropolitana (Las Condes, Vitacura, Providencia), no se tomaron medidas inmediatas de aislamiento de aquellas comunas, dejando al descubierto su falta de preocupación por los sectores mas empobrecidos.

Asimismo, es muy grave que las autoridades llamen a la cuarentena voluntaria a nivel nacional, sabiendo que la gran mayoría de las y los trabajadores tienen que usar el transporte público para llegar a sus trabajos por temor a que los despidan. La iniciativa de teletrabajo recién impulsada por el gobierno, está pensada para las elites, ya que sigue desprotegiendo a quienes realizan trabajo físico en el ámbito de la limpieza y construcción por ejemplo.

En definitiva, la mercantilización de la salud en Chile, en tiempos de expansión del COVID-19, no hace otra cosa que evidenciar lógicas darwinistas en términos sanitarios, en donde la vida de las personas depende del bolsillo de cada uno, mostrando un desprecio total por el cuidado de la población en general.