En la actualidad, el Reino Unido es uno de los principales proveedores de armamento militar y policial, particularmente aquellos usados para el control de masas: gas lacrimógeno, cilindros de gas CS, bombas de humo y equivalentes.
Desde 2008 Gran Bretaña ha vendido en armas a Chile el equivalente a 200 millones de dólares o 164 millones de libras. De ese monto, la mitad corresponde a las exportaciones ocurridas en los últimos doce meses.
En junio de 2018 el país europeo aprobó una licencia abierta para venta de armas a Chile, esto significa que empresas británicas indeterminadas pueden vender todo tipo de equipamiento para control de protestas y de masas, es decir, no se requiere una autorización específica para cada exportación de este tipo. Además, tampoco hay límites en cuanto a cantidad, ni es necesario informar cuánto del equipamiento vendido ya fue entregado al país comprador.
En marzo recién pasado, Byline Times, medio británico independiente, requirió información sobre la venta de este tipo de armas y municiones a países que hayan sido denunciados por violaciones a los derechos humanos al Departamento de Comercio Internacional de ese país. Tal repartición gubernamental señaló brevemente que el Gobierno “toma muy seriamente su responsabilidad en las exportaciones y evalúa todas las licencias de exportación de acuerdo a estrictos criterios. No emitiremos ninguna licencia de exportación que no cumpla tales criterios, incluyendo aquellos que consideran la existencia de un claro riesgo de que puedan ser utilizados para la represión interna “.
Las protestas en Chile desde octubre de 2019 fueron fuertemente reprimidas por Carabineros. Gases lacrimógenos, bombas de humo y perdigones se utilizaron contra los manifestantes, llevando nuestro país al centro de la preocupación de organizaciones de derechos humanos en el mundo. En enero de este año, un grupo de chilenos residentes en todo el Reino Unido dirigió una carta abierta al Ministro de Relaciones Exteriores Británico, Dominic Raab, haciendo un llamado urgente al gobierno de ese país a tomar acciones en orden a proteger la democracia y los Derechos Humanos en Chile.
Diego Rates, estudiante de doctorado y Vicepresidente de la Sociedad Chilena en la Universidad de Edimburgo fue uno de los representantes de las distintas organizaciones[i] que suscribieron la misiva, explica a nuestro medio las razones de la solicitud.
“Luego del estallido y la represión después del 18 de octubre, recibimos una oleada de videos, imágenes y testimonios de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Acá comenzamos a recolectar información y pedimos a parlamentarios que se solicitara al gobierno británico la condena pública a las violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado en Chile y tomar medidas diplomáticas para evitar futuras nuevas transgresiones. Parlamentarios de varios partidos, excepto el conservador que gobierna actualmente en Reino Unido, levantaron una moción en el Parlamento respecto de lo que estaba sucediendo en Chile”, explica Rates.
La carta de las organizaciones de chilenos, sin filiación política, también pedía que el gobierno británico tomara acciones similares a las tomadas con las protestas en Hong Kong, esto es, la suspensión de las licencias de exportación de los equipos de control de masas. A la vez, se solicitó el monitorear futuras violaciones a los DD.HH en Chile para evaluar tomar mayores medidas en aras de la defensa de la democracia y los DD.HH.
La respuesta demoró y se hizo a través de la Oficina de Asuntos Extranjeros, departamento para Latinoamérica. En el texto señalan que el gobierno británico efectivamente se encuentra observando la situación de Derechos Humanos en Chile, sin embargo, desechan la solicitud de cancelar las licencias de exportación de armas de control de masas, y expresan que este tipo de decisiones se toman sobre la base de criterios estandarizados.
“También se nos confirmó contactos entre representantes del gobierno chileno y la embajada británica en Santiago, en los que un ‘alto representante chileno’ había prometido el embajador británico que las autoridades chilenas se asegurarían que no hubiese más violaciones a los DD.HH.en el futuro” añade Diego Rates.
Del mismo modo se refirió el embajador británico en Chile, Jamie Bowden, cuando, contactado por Radio Universidad de Chile, se le solicitó un pronunciamiento sobre el rol que ha jugado su país en la observación y defensa de los derechos humanos en Chile.
“Hemos expresado nuestra preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, directamente con el gobierno chileno. Acogemos favorablemente su acuerdo para implementar las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch”.
Sin embargo, según datos del INDH, entre enero y marzo, las acciones judiciales de este organismo por vulneraciones a los derechos humanos aumentaron en 250, mientras que el número de detenidos subió en 1844 personas. Todo ello después de la promesa del alto personero del Gobierno, aún no identificado, al embajador británico.
Recuperar el terreno perdido
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han llamado la atención sobre la extrema violencia y represión de la policía chilena durante las protestas que se prolongaron desde octubre de 2019 a principios de marzo de 2020.
Luego de cada viernes, en las calles, particularmente las que rodean la llamada zona cero, era posible ver bombas lacrimógenas utilizadas contra los manifestantes, vainas y casquillos de perdigones y múltiples latas de gas lacrimógeno, que daban cuenta de un uso indiscriminado de estas armas de control de masas por parte de la policía. Los proveedores principales de este tipo de equipamiento policial son Estados Unidos y Gran Bretaña.
La profesora Grace Livingstone del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge explica que Chile y el Reino Unido tienen una larga relación comercial y, en ella, un punto central es justamente la compra de material disuasivo o de control de masas para la policía.
Grace Livingstone
“Durante la administración Thatcher, el Reino Unido tuvo una relación muy cercana con el régimen de Pinochet, particularmente en el ámbito militar. Gran Bretaña vendió todo tipo de armas que se usaron para la represión interna en un periodo en que miles de personas fueron desaparecidas. Es imperativo que el Reino Unido no cometa los mismos errores del pasado, así es que no debería estar vendiendo armas a un gobierno que está reprimiendo protestas pacíficas”, explica la académica y autora de “Britain and the Dictatorships of Argentina and Chile, 1973–82″.
Para Livingstone es muy importante que las organizaciones y grupos de defensa de los Derechos Humanos en el Reino Unido pongan presión al gobierno británico y lo interpelen a detener la venta de equipos que puedan usarse para la represión interna en Chile, tal como lo hizo con Hong Kong.
Consultada de las razones de Gran Bretaña para actuar diferente en ambos casos, la profesora de la Universidad de Cambridge explica que esto también tiene que ver con los registros históricos. “En la década del 70, Reino Unido fue el segundo proveedor más grande de armas hacia Latinoamérica solo superado por los Estados Unidos, de hecho en esa época, vendieron un cuarto de todas las armas en Latinoamérica. Sin embargo, en años más recientes, esa cuota de ventas ha bajado y actualmente es el noveno proveedor de armas para los países latinoamericanos, así es que Gran Bretaña está muy interesado en aumentar su participación en ese mercado porque la industria armada es extremadamente importante para este país. Busca ampliar su participación y recuperar ese mercado perdido”.
Respecto de si esa necesidad de ampliar el mercado es ahora mayor debido al Brexit, Grace Livingstone responde afirmativamente. “Es aún más necesario el encontrar nuevos mercados, por eso se aumentaron las ventas a Chile, sin considerar cómo se van a usar estas armas, pese a que el Gobierno asegure estar monitoreando la situación de derechos humanos. Hasta el momento no hay ningun tipo de condicionante para efectuar esas ventas”.
A lo que se refiere la experta en relaciones británicas con Chile y Argentina es que Gran Bretaña, para exportar armamento y equipos de control policial, debe respetar un límite: que las armas no se usen como control represivo contra la población.
Pese a lo anterior, respecto de Chile no hay reglas claras. El gobierno del Reino Unido oficialmente reitera su compromiso con el monitoreo de las posibles violaciones los derechos humanos, pero mantiene una licencia de venta y presta asesoría a la policía chilena. Es un asunto en suspenso para ambas naciones mientras cada una resuelve la urgencia sanitaria que les ha planteado la pandemia de coronavirus.
