Como una metáfora de la foto que el presidente Sebastián Piñera se sacara en la Plaza Italia, el Gobierno vuelve a intervenir los imaginarios del estallido social del pasado 18 de octubre para cambiar sus significados o, más directamente, apropiarlos. En aquella ocasión, una de las ideas expresadas de distintos modos en las paredes y en las calles era que el país no quería volver a la normalidad, sino que más bien quería una nueva normalidad. Ahora, a propósito de la crisis del COVID-19, el Ejecutivo ha planteado la necesidad de que el país avance gradualmente a la situación previa al confinamiento y que, para ello, era necesario propiciar -vaya sorpresa- hacia una nueva normalidad.

En el comentario de ayer ya nos referíamos, junto a un coro de expertos, dirigentes gremiales y políticos, sobre los fundamentos sanitarios de la medida del Gobierno. Decíamos que era posible deducir de las declaraciones de las más altas autoridades, aunque no se haya explicitado, que la estrategia no está inspirada por medidas estrictamente sanitarias, sino también por motivos macroeconómicos. Aquel punto de vista se expresa en una entrevista al ministro Briones en un diario, donde decía que no solo había que proteger la vida (que sería lo sanitario) sino también las condiciones para la vida (que equivaldría a lo macroeconómico).

A falta de un fundamento sanitario para el retorno presencial de los funcionarios públicos -más bien en ese ámbito todo recomienda ir en sentido contrario- las personalidades entrevistadas por nuestro medio de comunicación expresaron su opinión -a veces más explícita y otras más implícita- de que el Gobierno estaba priorizando la contención de la situación macroeconómica por sobre la salud de la población. Como lo más razonable es priorizar al revés, ya han surgido conatos de rebelión y desobediencia frente a las decisiones del Ejecutivo, lo cual es un mal precedente para el acatamiento indispensable de las medidas sanitarias que se vayan disponiendo.

Y, como decíamos al principio, también hay una dimensión que se juega en el plano simbólico, que como visión de Estado el Gobierno podría haber evitado intervenir, y sin embargo lo ha hecho. Nos referimos del aprovechamiento del estado de excepción para borrar todo vestigio del estallido social. Recordemos que hay dirigentes de Chile Vamos que han cantado victoria públicamente respecto a que la pandemia iba a aplacar el malestar de la ciudadanía. Que el Gobierno aprovechó la primera noche de toque de queda para borrar todos los rayados y gestos simbólicos de la Plaza Baquedano. Que algo similar se ha hecho en varias ciudades del país, como Antofagasta y Concepción. Que el Presidente no pudo evitar posar sonriente ahí donde estaba el corazón de las protestas en su contra. Y que todo se corona con el arrebato del concepto de nueva normalidad al movimiento social, esta vez, hipotetizamos, para favorecer consideraciones de tipo macroeconómico por sobre las sanitarias.

Es riesgoso, políticamente, que el Gobierno pretenda enfrentar exitosamente esta crisis y al mismo tiempo hacer una suerte de carambola para sofocar el estallido social. Ya vimos ayer, en una acción criticable por su poca previsión sanitaria, una protesta de algunos cientos de personas en la Plaza Italia para criticar las acciones del Ejecutivo. Sería preferible que nos enfocáramos en aquello que urgentemente debe unirnos, respecto a lo cual la principal responsabilidad de conducción debe provenir desde La Moneda.