Sin votos en contra, 41 votos a favor y una abstención, en Sesión Extraordinaria del Senado, finalizó la discusión del segundo trámite constitucional que determina un nuevo monto de la dieta parlamentaria y otras remuneraciones del sector público.

Los afectados por esta medida serán ministros, parlamentarios, subsecretarios, intendentes, gobernadores regionales y delegados presidenciales, entre otros. Incluso se prevé que el proyecto pueda rebajar la remuneración del Presidente de la República en un plazo de los próximos 60 días.

El texto, que fue aprobado el pasado lunes por unanimidad en su primer trámite, dejó afuera un elemento importante que el texto original de la Cámara de Diputados contenía: la rebaja transitoria del 50% de la dieta parlamentaria, eso hasta que el texto se hiciera efectivo. En su lugar, se determinó que el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), en un plazo de 30 días, deberá fijar el porcentaje en que se disminuirá las remuneraciones de las autoridades públicas, hasta la creación de una comisión especial, regulada por la Ley Orgánica Constitucional.

La razón de esta decisión fue justificada por distintos senadores con el argumento de que no pueden ser ellos mismos quienes definan las rebajas de su propio sueldo, apoyándose en la necesidad de aspectos técnicos para deliberar en ese sentido. En esa linea, algunos parlamentarios de oposición no han descartado reingresar la rebaja transitoria del 50% en su próxima sesión.

“Espero que la Cámara de Diputados haga el mismo razonamiento que nosotros. Poner un guarismo encima de la mesa, sin ningún fundamento técnico y sin ningún elemento de juicio me parece simplemente arbitrario y estoy convencido que en la Cámara de Diputados va a haber una sólida mayoría para apoyar la propuesta del Senado”, defendió el senador Andrés Allamand.

La rebaja regirá por un plazo de cuatro años, cuando este órgano autónomo que se creará para la instancia, defina, bajo criterios técnicos, la escala de remuneraciones de las autoridades.

“Se armará un equipo de gente que conoce de los temas de remuneraciones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pero que estén fuera de la contingencia y no tienen dependencia política para darle mayor autonomía. Adicionalmente se les exigirá como criterio que se establezcan parámetros objetivos para evitar que puedan ser cuestionadas y que las decisiones adoptadas deben ser públicas”, explicó el senador Felipe Harboe

Los legisladores, además, rechazaron otras disposiciones aprobadas por los diputados, que dejaron fuera de la normativa al Poder Judicial, al Ministerio Público, a alcaldes y concejales, considerando que la señal a la ciudadanía debe ser compartida por todas las esferas del sector público en que se remuneraciones sean altas.

“Creo que fue un error y es un error que espero que se corrija el no haber incorporado a otros sectores de este sistema, como por ejemplo el Poder Judicial. Creo que hay que hacerlo si queremos en una estructura salarial que abarque de la desigualdad como concepto y no este tema extraño, de gusto político”, argumentó el senador David Sandoval en la instancia

Tras la discusión, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, valoró el resultado de dicha sesión.

“Fue apoyado por una unanimidad prácticamente, con solo una abstención, la propuesta que viene de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Este proyecto ahora ira a la Cámara de Diputados”, dijo.

La única abstención de la instancia fue el del senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien justificó su decisión cuestionando que se haya desestimado la rebaja transitoria del 50%.

“Di mi voto de abstención justamente para dar una señal de que la Cámara siga insistiendo. Lo comenté con los parlamentarios del Frente Amplio. Hemos esperado 6 años para este proyecto en general, podemos esperar unas semanas más para un último trámite en comisión mixta donde se reponga esa señal donde exista una rebaja inmediata de la dieta parlamentaria del 50%, esto mientras este órgano externo define la dieta general”, argumentó.