El pasado miércoles, la comunidad iquiqueña se vio tristemente sorprendida por un nuevo hecho de corrupción que nos azota: fraude al fisco, cohecho, violación de secretos, lavado de activos y asociación ilícita vinculados a una millonaria licitación de luminarias LED, adjudicada por la Municipalidad de Iquique a la empresa Itelecom en 2018. Luego de un allanamiento al Municipio, vimos autoridades (4 concejales) y funcionarios desfilando por el Juzgado de Garantía, prestando declaraciones, sometidos a medidas cautelares y todo… a puertas cerradas.

No es la primera vez que Iquique está en el centro de las noticias por este tipo de hechos. Cómo olvidar el emblemático caso de corrupción regional denominado “Caso Postaciones”, donde se acusa fraude al Fisco por más de $1.250 millones, el caso Corpesca y tantos otros que han dejado entrever una severa falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes.

Pese a la gravedad de estos hechos y el enorme interés público que suscitan, la audiencia de formalización se realizó a puertas cerradas impidiendo la entrada del público vía remota. ¿Por qué? Porque por parte de las defensas de los imputados se solicitó no mostrar sus imágenes ni entregar sus nombres, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía e impidió una transmisión en vivo, pese a que el Poder Judicial cuenta con todos los requerimientos técnicos para ello. Asimismo, se decretó reserva de la causa y, por lo tanto, sólo puede ser consultada por quienes intervienen en ella.

Este tipo de decisiones nos hacen pensar en la importancia de la publicidad de estas audiencias, la necesidad de conocer quiénes meten la mano en nuestros bolsillos y atentan contra la dignidad de los cargos públicos, vulnerando la confianza que como ciudadanos depositamos en nuestras autoridades.

De nada sirve detectar y perseguir estos casos si no conocemos los hechos que se imputan, quiénes están involucrados y qué mecanismos han utilizado para dañar la fe pública. Como ciudadanos, tenemos derecho a saber quiénes están detrás de estos delitos y abusan sin descaro de la confianza depositada en ellos y el poder encomendado. Contrario a la regla general que establece que sólo la víctima de un delito puede querellarse por éste, nuestro Código Procesal Penal permite querellarse a cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia por delitos cometidos por un funcionario público contra la probidad pública. En otras palabras, cualquier iquiqueño o iquiqueña podría deducir querella por estos hechos. Sin embargo, si se limita el acceso a esta carpeta, a las audiencias y a conocer la identidad de todos los involucrados, el ejercicio de derecho constitucional de acceso a la justicia se ve afectado.

De cara al proceso constituyente que se inició hace algunos meses, es importante no olvidar incluir en la discusión mayores herramientas en la persecución de estos delitos y mayores sanciones a quienes incurren en estas conductas para que no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular en ningún caso.

No debemos olvidar que la corrupción la pagamos todos. Sí, todos pagamos la coima. Está demostrado por estudios internacionales que el cohecho genera mayores desigualdades y que la coima suele ser un gasto traspasado a los consumidores finales de bienes o servicios involucrados en la transacción fraudulenta, aumentando sus precios.

La pandemia de COVID-19 es algo nunca antes visto en nuestra historia, pero va a pasar. La corrupción es un mal que si no atacamos duramente, nos acompañará hasta el fin de la humanidad.

La autora es abogada e integrante de la directiva regional de RD en Iquique.