Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de los ministros del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica Maldonado, José Ignacio Vásquez, y contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.

La acción judicial se da a partir de una entrevista de la actual presidenta del TC, María Luisa Brahm, al medio La Tercera el 18 de abril. En ella, Brahm señala que “antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.

Según la presidenta, “existían contratos en los cuales un abogado cobraba a su cliente por demorar su causa en el TC, e incluso es posible imputar de forma directa al ex presidente del Tribunal, Iván Aróstica como responsable de consecutivas suspensiones en la vista de las causas y el inexplicable atraso en las sentencias”, se lee en la redacción de la querella.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sostuvo a nuestro medio que la “declaración de admisibilidad de nuestra querella, permitirá abrir paso a una investigación judicial en contra de integrantes del Tribunal Constitucional, por los delitos de cohecho y prevaricación judicial, cometidos en connivencia con abogados con los que se concertaron para demorar los fallos en casos de graves crímenes contra los derechos humanos, con el objeto no sólo de obtener la impunidad de sus autores, sino para obtener un negocio lucrativo”.

Por lo mismo, la acción judicial solicita “condenar (a los culpables) al máximo de las penas legales establecida para estos delitos, y en definitiva con costas”.