El total en deudas por pensiones alimenticias alcanzaba, a marzo de este año, los 180 mil millones de pesos en total y una de las posibles soluciones para este tema se planteó en el marco de la reforma constitucional que habilitó para el retiro del 10% de los fondos previsionales. El Gobierno señaló que patrocinaría una iniciativa en cuanto a que no fuera necesaria la solicitud del ahorrante para retener los montos adeudados por concepto de pensión, sin embargo el proyecto se despachó sin ese cambio.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley corta que asegura el pago de deudas por concepto de pensiones alimenticias con el retiro del 10% de los fondos de AFP, y la iniciativa avanzó al Senado para continuar con su tramitación. El proyecto permite que los jueces de familia puedan proceder de oficio, y retener los dineros en todas aquellas causas, con deudas ya liquidadas, notificando a las AFP, pero solo para aquellas cuentas en que el ahorrante haya cursado la solicitud del retiro. Esto, pese a que el Gobierno había comprometido su apoyo para una indicación  para que la retención se efectuara incluso si el cotizante no pidiera  la devolución del porcentaje de ahorro.

Este “retroceso” fue criticado por la oposición y en palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda, ello representa “una falta profunda a la palabra tanto del presidente de la República, quien lo anunció durante su Cuenta Pública al Congreso, como del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien había comprometido dicha indicación y luego no la presentó en la comisión correspondiente”.

El tema de las deudas por concepto de pensiones de alimentos no es para nada nuevo, pese a que ahora es un tema de gran visibilidad. Por décadas el aparato judicial ha estado plagado de demandas y acciones de cobro ante la falta de cumplimiento de las obligaciones de los padres respecto de los hijos. En conversación con nuestro medio, la diputada Karol Cariola (PC), miembro de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, explicó cómo éste es aun asunto histórico y que ahora se ha vuelto evidente en el marco de la crisis económica provocada por la pandemia.

“Lamentablemente, año tras año vemos como los Tribunales de Familia se llenan de denuncias de mujeres madres a cargo de sus hijos e hijas que no están recibiendo el pago efectivo de la pensión alimenticia. Algunas de las medidas que hemos propuesto tienen que ver con la creación de un registro de deudores, de modo que exista una suerte de listado público que dé cuenta de quiénes son los deudores de pensiones alimenticias, precisamente para que el ser deudor no quede en impunidad”.

La iniciativa que menciona la diputada Cariola pretende el aumento de las sanciones para los progenitores que no tienen la tutela de los hijos y no cumplan con su obligación de entregar los montos de manutención de los hijos estableciendo ello como una causal de violencia intrafamiliar, “lo que significa concretamente que el no pagar será un delito y deja de ser una falta”, añade la legisladora.

En mayo, la Comisión especializada aprobó la idea de legislar del proyecto que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos en el Boletín de Informaciones Comerciales y que busca  asegurar el pago de las obligaciones de alimentos, de modo crear una cultura nacional de cumplimiento de este deber y de evitar que se siga evadiendo a través de resquicios legales o derechamente a través de técnicas fraudulentas.

La también integrante de la Comisión de Familia, Carolina Marzán (PPD) diputada por el distrito 6, consultada al respecto,  hizo hincapié en que el derecho de alimentos les pertenece a los hijos y no a las mujeres, por lo tanto, hay que dejar absolutamente de lado la concepción de que el dinero pagado por este concepto va a ellas, pues las madres o quienes tengan el cuidado personal lo que hacen es resguardar los derechos de sus hijos e hijas.

Carolina Marzán.

“Ése es el punto. La lucha que dan las mujeres a diario no es por ellas, es por los hijos y eso al parecer es lo que los hombres, porque en su mayoría son hombres, no quieren entender: no se está entregando un dinero que es por derecho de los hijos y no es para las mujeres, es para la alimentación como se llama judicialmente, de sus propios hijos. Eso tenemos que cambiarlo, hay que revertir la banalización y el desprecio hacia la mujer presente en los argumentos que usan los hombres para no cumplir con este deber, porque es muy lamentable”.

Más allá de las sanciones, la necesidad de un cambio cultural

En Chile se han emitido órdenes de arresto para el 88% de los deudores de pensión de alimentos, sin embargo, el resultado efectivo de ellas es inferior al 1% .

A raíz de la reforma constitucional para el retiro de un porcentaje de los ahorros previsionales, largas filas de presonas se apostaron a las afueras de los tribunales de Familia para solicitar las liquidaciones de deudas de pensión y así cumplir con los requisitos para optar a que tales obligaciones se pudieran cobrar con cargo a ese retiro.

Según los datos entregado por el Poder Judicial, al 3 de agosto la cantidad de presentaciones ante los Tribunales de Familia para solicitar la retención de los fondos previsionales ya alcanzaba las 409.688 y de ellas, hay un total de 214.703 deudores por lo que el Poder Judicial aclaró que en muchos casos las demandantes han presentado dos veces los escritos. Para la diputada Marzán esta es una señal clara de la desesperación de las madres que ante una situación tan crítica como la actual, buscan asegurar de alguna forma el bienestar de sus hijos, pero también se ha desnudado la violencia que sufren las mujeres que demandan el cumplimiento de este derecho que es de los hijos.

“Quizás esta esperanza que se abre con esta devolución del 10 por ciento es una ventana que podría ayudar a tantas mujeres que hoy no solo lo pasan mal por esta lucha, sino que además son humilladas por el padre de sus hijos e incluso reciben amenazas. Este no es un tema de ahora y no puede seguir pasando porque se vulneran todo tipo de derechos: económicos,de salud,sociales y de recreación porque un niño o niña tiene derecho no solamente a estar bien en materia de acceso a alimentación y de estudios, sino que también a tener ocio y pasatiempos. Tiene derecho a un desarrollo integral”.

También la diputada Cariola expresa la urgente necesidad de encontrar formas de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que no pasen por afectar la dignidad de las mujeres que son, en su gran mayoría, las encargadas de quedarse con el cuidado de los hijos cuando las parejas se separan.  Para la congresista esto también pasa por nuestra Constitución y la absoluta falta de enfoque de género de la misma.

“La Constitución chilena no tiene ningún enfoque de género y los distintos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y contra los niños y niñas no han sido abordados como corresponde. Hay materias que han sido avanzadas por iniciativas de ley a partir de mociones o mensaje del Gobierno anterior, pero que fueron trancadas en este por problemas ideológicos y creo que probablemente esta visibilización mayor de los llamados papitos corazón, que no pagan las pensiones alimenticias, que amenazan permanantemente a las mujeres madres con violencia para no ser denunciados o que sencillamente se escapan y se desentienden del cuidado de los hijos es una realidad que lamentablemente está más extendida de lo que nosotras quisiéramos, pero que debe ser asumida, abordada y, por lo tanto, combatida. Hay que modificar ese comportamiento y eso no solo pasa por un cambio cultural, sino que pasa por tomar medidas legales que efectivamente empujen un cambio en el comportamiento de los padres que no se hacen cargo de sus hijos e hijas”.

Actualmente, los tribunales ya han dictado más de 165 mil medidas cautelares para lograr el pago de pensiones con cargo al retiro de fondos de AFP  y se esperan otras 70 mil ingresadas a Previred para este jueves.