La próxima semana el machi Celestino Córdova cumplirá cien días en huelga de hambre. Esto, en un contexto de radicalización de la medida por parte de los presos mapuches de Angol, quienes decidieron iniciar una huelga de hambre seca.

Al respecto, una de las voceras del machi, Giovanna Tafilo manifestó su preocupación por el delicado estado de salud de Celestino Córdova.

“La situación de salud del machi es critica, es muy grave. el hoy está en un estado en que su corazón está muy mal. Está con cuarenta pulsaciones por minuto y cuando se sienta está en ochenta, eso significa que en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco por lo que dijo el médico”.

En esa linea, Tafilo aseguró que “en el Hospital de Nueva Imperial ya están preparados para eso, para cuando pase, están todos listos para poder hacerle resucitación. Eso es lo más grave por lo que estamos pasando hoy en día”.

En ese escenario, y frente al empeoramiento de la salud de la autoridad ancestral mapuche, el defensor regional de La Araucanía, Renato González, presentó este jueves un recurso de apelación en la Corte Suprema en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó la sustitución de la pena a favor de Córdova.

“Esperamos que la Corte Suprema acoja nuestra pretensión, que se fundamenta tanto en la Constitución como en el Convenio 169 de la OIT, y se reconozca y permita que el machi pueda, por un tiempo acotado, seguir dando cumplimiento a la condena en su rewe”, recalcó el abogado.

En el escrito presentado por el defensor regional se señala que “dentro de sus obligaciones y sus características de machi está la de orientar a los lonkos y también que recibe información de cómo deben ser realizadas las ceremonias ancestrales, que en tiempos complicados como el actual son de suma importancia y que efectivamente recibe ‘pewmas’, que son estos sueños premonitorios, protectores y sabios, no sólo para la cultura mapuche, si no que para todo los que vivimos en esta región”.

Asimismo, el documento indica que “es imperativo que los tribunales, en la etapa de ejecución de penas y su evaluación, consideren los factores sociales y culturales que se vinculan a la persona que la cumple, pues tales factores se asocian a la resocialización y readaptación, derecho que se vincula a la persona en sí, especialmente cuando se trata, en el caso concreto, de una persona integrante de un pueblo indígena, mapuche, que reviste una autoridad específica para su comunidad y respecto de quien resulta aplicable el Convenio 169 de la OIT, que impone el deber de considerar la costumbre, las características sociales y culturales, además de considerar sanciones distintas al encarcelamiento”.