Por 145 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón a partir del 2025.

La iniciativa consta de un artículo único que prohíbe este tipo de plantas en todo el territorio nacional. Adicionalmente, una disposición transitoria señala que esta ley comenzará a regir el 31 de diciembre de 2025 para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad.

El proyecto corrige la propuesta consensuada por el Gobierno y las empresas que, originalmente y a través del Plan de Descarbonización anunciado en 2019, promovía una transición de carácter voluntario con un plazo de 20 años, de modo de cerrar estas centrales, consideradas altamente contaminantes, en el año 2040.

El texto menciona en sus antecedentes que, en Chile, existen 28 centrales termoeléctricas a carbón en operación con un potencia instalada de 5.529 MW, concentradas, principalmente, en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel.

En las horas previas al proyecto, la Agrupación Chao Carbón señaló que “un mundo en una grave crisis climática y ecológica requiere que los países sean pioneros e implementen políticas que avancen en la mitigación de las emisiones de orden global. A su vez, en nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistema y la salud de los habitantes de las cinco zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las 25 carboneras”.

Uno de los promotores de la iniciativa, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, había señalado su oposición a que los plazos de cierre de las termoeléctricas se consensuaran con las empresas. Por ello, se había insistido en la necesidad de que debía definirse por el pronunciamiento del Congreso a través de un proyecto de ley.

Debido a que la moción fue objeto de indicaciones, retornó a la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales de la Cámara. En agosto pasado, el Gobierno reiteró su apoyo a la descarbonización, pero insistió en que los plazos no pueden adelantarse.