En este momento único de nuestra historia, los habitantes de nuestro país necesitan la concentrada orientación de los esfuerzos políticos -y en un país presidencial la responsabilidad mayor le cabe al Gobierno- en el enfrentamiento de una crisis que se retroalimenta entre lo sanitario y lo social. A pesar de que las oposiciones y parte del oficialismo lo vienen pidiendo hace meses, esto sin embargo no ha ocurrido, tal como se constata en las últimas horas: ausencia de políticas sociales articuladas, discusión sobre una solución parche (el retiro del 10 por ciento de las AFPs) y no sobre las causas, lo sanitario en su propio carril ante un inminente rebrote y, finalmente, la extensión del Estado de Catástrofe hasta el próximo 13, mes de marzo.

Ese día, los habitantes del país cumplirán 355 días consecutivos en Toque de Queda, justo después de la explosión social más multitudinaria que haya conocido Chile en décadas.

Esta desarticulación dispersa los esfuerzos y, peor aún, induce a las sospechas de inconsistencia. Por ejemplo, y a propósito del Estado de Catástrofe, hasta el momento no ha logrado justificarse la necesidad sanitaria del Toque de Queda. En su momento, el Comité Asesor validó su implementación, pero en concordancia con otras medidas. Aquí y ahora, la medida no se entiende, si al mismo tiempo se favorece la apertura de los malls y el trabajo presencial, con todas las consecuencias que eso tiene en el hacinamiento en los microbuses y el Metro, lo cual afecta especialmente a los habitantes de las comunas periféricas de ciudades como Santiago. El virus no se propaga más de noche que de día, pero sí lo hace en lugares donde las propias decisiones de la autoridad han favorecido la aglomeración.

El Estado de Catástrofe, que en nuestra institucionalidad implica el reconocimiento de una situación de calamidad pública, debería ir acompañado de políticas sanitarias y sociales que se correspondan al diagnóstico, sin embargo, eso no ha ocurrido. Dirigentes de distintos sectores han planteado que lo coherente sería la extensión inmediata, al menos, del Ingreso Familiar de Emergencia y el Postnatal de Emergencia, mientras otros plantean que se debe ir más allá y discutir una Renta Básica Universal, financiada por un impuesto a los Súper Ricos y por una mayor disposición del Estado al endeudamiento. Lo que el país no puede permitirse es no hacer todo lo posible para evitar que las personas se endeuden o recurran a sus ahorros. Por ejemplo, si se dice que retirar los fondos de las AFPs es una mala idea, entonces se deben proponer políticas alternativas que hasta el momento están ausentes.

La falta de concordancia de la declaración de Estado de Catástrofe con otras políticas ha llevado a expertos y a prestigiosos medios internacionales a preguntarse, como lo hizo el diario británico The Times en las últimas horas, si las medidas anunciadas buscan más bien el control social de la población. Hay que recordar que el propio Presidente de la República había arremetido a principios de semana contra los gobiernos que “se aprovechan de la pandemia” del Covid-19 para “recortar libertades” y avanzar en la senda del “autoritarismo”. El Mandatario alertó entonces que “hay que resistir a todo atentado a la libertad”.

En el caso de Chile, varios expertos han planteado que no se entiende que en el día se pueda andar en Metro, ir al trabajo y al mall, mientras que de noche se prohíben los desplazamientos y se entrega el control del orden público a los militares. El hecho de que justo hoy, en la presentación del informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, se refrendara que las fuerzas policiales han actuado contra los manifestantes con un patrón de violencia que “sale de toda forma imaginable”, puede ayudar a contestar la pregunta que titula esta columna.