El 11 de marzo marca dos aniversarios: el tercer año de gobierno del presidente Sebastián Piñera y el primer año desde que la OMS declaró que el Covid-19 es una pandemia.

Ya en mayo de 2019, desde Amnistía Internacional lanzamos la campaña “Piñera nos Debe”, en la que alertamos de retrocesos en diversos temas de derechos humanos, que afectaban la dignidad de las personas, la igualdad de derechos, la  justicia y el derecho a exigir nuestros derechos. Sólo meses después, la ciudadanía salió masivamente a las calles a exigir condiciones de vida dignas, y pese a que la mayoría lo hizo de manera pacífica, enfrentaron una represión policial que derivó en la peor crisis de derechos humanos que habíamos vivido en Chile desde el fin de la dictadura. Como se evidenció en el informe “Ojos sobre Chile”, se produjeron violaciones generalizadas a los derechos humanos, incluyendo a la vida y la integridad personal, a vista y paciencia de los altos mandos de Carabineros, y de las autoridades de gobierno.

Durante el tercer año del gobierno de Piñera, no sólo no se ha reconocido esta crisis, sino que se ha dado un apoyo irrestricto al actuar de Carabineros. Las iniciativas por reformar carabineros han sido lentas, tímidas y no parecen apuntar en la dirección de que Chile realmente cuente con una nueva policía, respetuosa de los derechos humanos y que rinda cuentas efectivas. En definitiva, nada de lo que ha hecho el gobierno apunta hacia dar garantías de no repetición; por el contrario, seguimos siendo testigos de denuncias de nuevas víctimas, incluyendo recientemente una herida ocular.

La pandemia mostró con toda claridad que las desigualdades por las cuales la ciudadanía reclamaba eran efectivamente una realidad cotidiana. Las comunas más pobres se han visto impactadas desproporcionadamente en su acceso a la salud, a medios de vida dignos y a la posibilidad de cuidarse del virus. Incluso, el personal de salud que trabaja en hospitales de sectores de menores recursos han visto sus derechos afectados de manera mucho más grave que, por ejemplo, en clínicas privadas, como evidenciamos en el informe “Ya no podemos ser pacientes”.

Queda un año más de gobierno. Durante este 2021, ocurrirá además un hito histórico: se constituirá una Convención Constitucional paritaria y con escaños reservados para pueblos indígenas, que debatirá una nueva Constitución para Chile. En esto, la participación de la ciudadanía, incluyendo la reunión pacífica en calles y otros espacios públicos, debe estar garantizada. ¿Debemos esperar un año de más retrocesos, o podemos atrevernos a esperar mayores garantías a nuestros derechos?