“Va a terminar siendo una ley pronarcos”, declaró a nuestro medio el experto en seguridad, Eduardo Vergara, luego de conocer la aprobación de la llamada Ley Antinarcos en la Cámara de Diputados, tanto de forma general como particular.

Este martes, dentro del articulado votado de forma separada, la moción defendida por el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, contenía un punto clave que, según el análisis de Vergara, podría desfavorecer a las personas más vulnerables y dejarlas sin más opciones que engrosar las filas del narcotráfico: la enajenación de bienes incluso antes de determinar la culpabilidad de la persona acusada.

“Esto es grave principalmente porque las personas que son perseguidas por ese sistema son justamente las personas de menos recursos. Entonces les vamos a incautar sus bienes, los vamos a rematar y la misma ley dice que en caso de ser encontrados inocentes, les restituirán el valor del bien que puede haber sido rematado o vendido, con un precio inferior al valor real. Es decir, lo que estamos haciendo es profundizar la desigualdad y la pobreza, para que existan más personas que estén disponibles para el narcotráfico”, explicó el profesional.

Sumado a esto, el también director ejecutivo de la Fundación Chile 21 se mostró preocupado por la suerte que correrán estos recursos incautados, los cuales, según plantea el proyecto, no solamente estarán a disposición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), sino que por primera vez serán aprovechados por instituciones como el Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

“Esto es un estímulo financiero a instituciones de persecución. No podemos, por un lado, seguir financiando un sistema de control y persecución y guerra contra las drogas ineficiente, dotando a estas instituciones de más recursos para que sigan profundizando un modelo, pero además dejar de poner el dinero donde debe estar. El dinero debe estar en la prevención, educación y tratamiento”, acotó Vergara.

Asimismo, el experto en seguridad denominó como “populista” al artículo del proyecto que hace referencia a la inhabilidad para ejercer cargos a autoridades con dependencia de drogas, esto no solo porque podría ser un mecanismo utilizado para la extorsión política, sino porque desecha lo que la evidencia internacional señala respecto del tema.

“Mientras los países del mundo están avanzando en darle más inclusión, espacios de reinserción a personas que tienen consumo problemático, el Gobierno de Chile está enviando una señal de que personas con un problema de salud pública, como es la adicción a las drogas o su dependencia, el Estado les va a cerrar las puertas y van a ser tratados como criminales”, criticó.

No obstante, haciendo una recapitulación de las diversas solicitudes de reforzamiento de las atribuciones a las policías a las que ha apelado el Gobierno en los últimos meses, Vergara también analizó la estrategia de seguridad emprendida por el Ejecutivo, la cual, según dijo, estaría enfocada principalmente en el ámbito comunicacional, desechando los problemas de fondo.

“Esta ley y todas las leyes de populismo penal que hemos visto son parte de una estrategia de mano dura, efectista, y que se basa en estrategia comunicacional. Son señales que el Gobierno estima que son necesarias, pero que en el largo plazo nos va a generar efectos regresivos. Estas medidas, que hemos visto durante el estallido social -aumento de penas, empoderamiento a instituciones dedicadas a la persecución junto con la omisión de hacer los cambios y reformas necesarias a Carabineros de Chile- van a generar escenarios donde va a ser inevitable que avancemos hacia espacios de mayor violencia”, sentenció.

Finalmente, en el análisis de Vergara, las políticas públicas contra el narcotráfico, tal como sucede en otros países, debiesen avanzar dejando de lado del prohibicionismo que encabezó Estados Unidos en los ochenta, junto con la estrategia comunicacional, y más bien virar haciendo uso de lo que la evidencia ha demostrado respecto de la legalización de algunas drogas. De lo contrario, aseguró, “vamos a seguir dándole poder al narcotráfico mientras no nos hacemos cargo de los problemas de fondo”.