En un acto que inspira adjetivos calificativos más duros que los que finalmente se usan en esta columna, el Gobierno tomó la decisión de volver a expulsar a un grupo de migrantes. Las frases “Sin Dios ni Ley” y “Entre gallos y medianoche” sirven para referirse a la medida: el proceso completo se ejecutó entre la noche del miércoles y el amanecer del jueves, con el evidente propósito de un poder del Estado (Ejecutivo) de esquivar a otro (Judicial), privando de este modo a los afectados de la posibilidad de presentar recursos para defenderse.

Como en otras ocasiones, no conformes con la realización de una acción severamente criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, las autoridades han hecho ostentación de su medida, citando a los medios de comunicación a una puesta en escena que, además de expulsar a los afectados, los humilla, al ponerles disfraces que los deshumanizan y les hacen parecer indeseables. Si fuera película y tuviera subtítulos, diría: probablemente este migrante tenga Covid.

Vamos a decirlo directo: la expulsión masiva de migrantes es contraria al Derecho Internacional y, a pesar de ello, está siendo de todos modos realizada por nuestras autoridades. En mayo pasado, un grupo de expertos de Naciones Unidas señaló que el Gobierno de Chile había de detener de inmediato estos procesos de expulsiones colectivas, ya que los afectados tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación, de acuerdo con las normas y estándares de derechos humanos. El Gobierno no puede argumentar que desconoce estos señalamientos, por lo que solo cabe concluir que actúa a sabiendas de que se está poniendo al margen del orden internacional.

Cuando la Historia haga el juicio sobre un periodo presidencial tan acontecido como éste, probablemente señalará como una de las políticas más indefendibles la que se ha sostenido contra la comunidad migrante. El Gobierno, con sus acciones y las declaraciones de altas autoridades como el presidente de la República, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, el vocero de Gobierno y el director de Migraciones, entre otros, ha sido parte activa de la estigmatización de un grupo que ya es parte de nuestra comunidad. Estas acciones, por más indignantes que resulten y sin minimizar ni por un segundo el daño que le producen a cada persona y a cada familia afectada, no podrán sin embargo torcer el rumbo inevitable de la Historia: ésta es una época de migraciones y, les guste o no les guste, los chilenos ya somos un poco peruanos, un poco venezolanos, un poco haitianos, un poco dominicanos y un poco colombianos.

Resulta lamentable que este gobierno, que le prometió al país el combate a la delincuencia, se distraiga sistemáticamente de este propósito y mal use los recursos para el orden público en la represión de las manifestaciones y en la expulsión de migrantes. Mientras, el crimen organizado y el narcotráfico crecen en Chile, ante la perplejidad de autoridades que parecen competentes para capitalizar electoralmente la frívola línea editorial de crónica roja de los canales de televisión, pero no para enfrentar fenómenos complejos y multidimensionales como los recién señalados.