En junio de 2014, el Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet bajó la cortina a HidroAysén. Tras casi una década de movilización (en Aysén partimos en 2005, cuando era sólo la española Endesa la que lo impulsaba), incidencia política, campaña comunicacional y territorial, caía el proyecto símbolo de lo que no queríamos como país.

Una reflexión que emergió al interior del movimiento era si se conmemoraba o no el hecho institucional.  No para obviar la vinculación política que se podía hacer, en el sentido de un supuesto respaldo a la Nueva Mayoría.  No, no por eso.  El problema era que aunque el proyecto HidroAysén se desestimara, había aún mucho por recorrer para alcanzar el objetivo común que nos guía a muchos: múltiples proyectos hidroeléctricos se seguían aprobando y materializando en el país, la Ley de Bases del Medio Ambiente seguía permitiendo proyectos extractivos, y el Código de Aguas y la Constitución mantenían el sistema privatizador del agua.

Aún así, se celebró.  No porque lo que aún faltaba por avanzar no fuera real.  Simplemente porque la señal que se daba al rechazar las represas en los ríos Baker y Pascua (y luego Cuervo de Energía Austral) apuntaba en la dirección correcta, que a fin de cuentas no es cambiar leyes, bajar proyectos y, ni siquiera, sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo.  El fin último es cambiar cierto sentido común hegemónico, que ve la naturaleza sólo como un recurso y los territorios como un botín o una despensa.

Esto he recordado a raíz de la votación de la reforma al Código de Aguas, cuya discusión comenzó este miércoles en el Senado.  Tras 10 años, el proyecto contiene artículos que apuntan en la dirección correcta: Consagra que el derecho humano al agua debe ser garantizado por el Estado y establece prioridades de uso para el consumo humano y saneamiento, actividades de subsistencia y protección de las fuentes, por sobre el uso productivo con fines de lucro.  Reconoce, asimismo, las aguas ancestrales de los pueblos indígenas; prohíbe entregar derechos en glaciares; y para las nuevas concesiones se establece que sean temporales, entre otras regulaciones.

¿Es esta reforma la última estación en la lucha por recuperar el agua para el bien común?  No, por cierto que no lo es.  Aún hay relevantes pendientes: la situación de derechos indefinidos de los ya adjudicados (que es un buen porcentaje), figura ligada al cambio necesario del artículo 19 número 24 inciso final de la Constitución sobre derecho de propiedad.

Ya en enero de 2020 fue rechazada en la Cámara Alta la reforma para instituir en la Carta Fundamental que el Estado tiene “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la Nación”, con la posibilidad de declarar éstas “de utilidad pública, a efectos de expropiación”.   ¿Por qué no pudo superar este momento legislativo?  Simplemente porque no estuvieron los votos (24 a favor, 12 en contra, al ser su quórum de 2/3 de los legisladores en ejercicio), producto del rechazo de la derecha.  Ésa es la realidad de las fuerzas políticas del Congreso hoy.

Entonces la pregunta es si se debe o no aprobar la reforma, con cambios que no son todo lo que quisiéramos y se necesitan con urgencia.  Que no son los definitivos.  Personalmente, habiendo seguido la discusión por años y siendo parte del movimiento por la recuperación del agua, creo que sí.  Pero un sí que no inmovilice, sino un sí que sea un peldaño más para seguir trepando por la escalera del agua como elemento natural fundamental para el ser humano, las otras especies y los ecosistemas.  Para la vida, en definitiva.

Un sí que no sea en la medida de lo posible, como se ha señalado como crítica política, sino un sí que vaya instalando de a poco otra forma de entender nuestro habitar, individual y colectivo.  Porque todas y todos quienes compartimos objetivos comunes, estamos en este carro de ir más allá.

Pronto debieran comenzar a discutirse los contenidos de la nueva Constitución en la Convención, entre los cuales la institucionalidad hídrica será protagonista.  Tanto ahí como en el espacio público se darán las luchas que permitan consolidar los cambios aún necesarios, fundamentales, siendo una buena guía la reforma en discusión en estos días y cuya votación quedó para la próxima semana.   Mal que mal, una vez que se aprueba la nueva Carta Fundamental tardará un tiempo en adaptarse el sistema legal al nuevo entramado normativo, y los cambios propuestos serán un mejor piso que el código actual.

No se votará en el Senado la última estación.  Lo que se votará será parte de la ruta que se debe recorrer para recuperar y desprivatizar los bienes comunes.