El martes 3 de agosto, el Pleno del Senado de Chile aprobó por amplia mayoría (y sin votos en contra) el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA por sus siglas en inglés). Con este último trámite constitucional, el proyecto de ley queda listo para su promulgación, y con ello Chile podrá poner en vigor el acuerdo, y unirse a sus socios, Nueva Zelanda y Singapur, para quienes DEPA está en vigor desde el 7 de enero del presente año. En su tramitación parlamentaria, se destacó la importancia de generar regulaciones que permitan a las personas y empresas operar de forma segura en la economía digital, así como se reflejaron los déficits que aún tiene el país respecto de su proceso de digitalización e inclusión en el mundo digital. Si bien DEPA es una respuesta lo primero, su implementación debe ayudar a superar lo segundo.
DEPA es un acuerdo internacional pionero negociado por Chile, Nueva Zelanda y Singapur dedicado en forma exclusiva a la generación de normas respecto de la economía digital. Estas tres economías comparten la característica de ser pequeñas y que sus procesos de desarrollo dependen de su integración a los mercados internacionales. Es por ello que la existencia de reglas claras, transparentes y no discriminatorias para que sus empresas y personas puedan beneficiarse de dicha integración pasa a ser un activo fundamental. Cabe destacar que su proceso de negociación tuvo una activa participación de organizaciones de la sociedad civil a través de instancias de diálogo con el gobierno. Su firma, en plena primera ola de la pandemia en junio de 2020 fue simbólica, pues no solo se realizó de forma telemática, sino también en un momento en el que la digitalización de procesos económicos, productivos y sociales era una obligación. Fue durante estos meses que nos volcamos a las video llamadas para contactarnos con familiares y amistades o al streaming para el ocio; se masificó el teletrabajo, y actividades como la educación o las compran migraron a plataformas en línea. Sin embargo, al mismo tiempo nos dábamos cuenta que muchas personas estaban quedando atrás, ya sea por la calidad de sus conexiones, por la disponibilidad de dispositivos para conectarse, espacios físicos para realizar estas actividades o analfabetismo digital. Entre los grupos más golpeados destacan la población rural; adultos mayores; y población vulnerable y bajo la línea de la pobreza.
DEPA es un acuerdo internacional que permite a Chile ponerse a la vanguardia respecto de regulaciones relativas a la economía digital. En sus 16 módulos se tratan temas relativos al comercio sin papeles y la facilitación del comercio, firma electrónica, pagos electrónicos y protección de las personas que consumen productos y servicios a través de plataformas electrónicas, temas que ya habían sido incluidos en la mayoría de los acuerdos de libre comercio de última generación que ha firmado Chile. Pero también se incorporan temas que están hoy en el debate, y sobre los cuales no necesariamente existe consenso a nivel internacional. Estos temas son fundamentales para países pequeños, puesto que es aquí donde las economías más grandes pueden implementar políticas discriminatorias, que vayan en directo perjuicio de las pequeñas y medianas empresas que operan en dichos mercados, o de las personas que quieren consumir estos productos. Por ello se define que se entenderá por productos digitales, se reafirma la no imposición de aranceles a dichos productos, se regula la no localización forzada de servidores. Esto último permite que una empresa en Chile pueda usar sus servidores para operar en Nueva Zelanda o Singapur, o que una empresa chilena pueda hospedar a empresas de sus socios. Además, se insta a las partes a respetar sus regulaciones en torno a la encriptación, la protección de información personal, y se destaca la importancia de la innovación y la economía digital. Finalmente, el acuerdo aborda temas completamente nuevos, principalmente a través de mecanismos de cooperación, como son ciberseguridad, fintech, inteligencia artificial, interoperabilidad y estándares abiertos, o política de competencia. Todo lo anterior permite al país, por una parte, genera una normativa moderna para enfrentar los desafíos de la economía digital, y por otra, asegurar la interoperabilidad de estos sistemas con sus socios comerciales.
Sobrestimar el alcance de la negociación y firma de acuerdos comerciales, tanto positiva como negativamente, es no comprender su objetivo y propósito. Estos acuerdos no suplen falencias domésticas, pero si deben ser utilizados como una herramienta que ayude a superar las brechas existentes. En el caso de DEPA, a través de la generación de normativas y espacios de cooperación para el desarrollo de la economía digital, se abren oportunidades para que Chile pueda avanzar en su agenda digital doméstica. En este sentido la incorporación de un módulo sobre inclusión digital es un llamado a sumar a toda la población en los beneficios de la economía digital. Este módulo hace especial referencia a las pequeñas y medianas empresas, las que pueden encontrar en las tecnologías digitales un espacio para su crecimiento y fortalecimiento.
El acuerdo refuerza el interés de Chile por generar normativas claras y no discriminatorias en el comercio internacional, en este caso en materia de economía digital, y es un avance en la construcción de regulaciones internacionales en la materia. Sin lugar a dudas será un elemento que contribuirá a la expansión de este sector en el país mientras no se sobredimensione la magnitud del acuerdo. Utilizar a DEPA como herramienta para mejorar la conectividad e inclusión digital requiere de un trabajo mancomunado por parte del sector público y privado. Sin ello, no será posible que la población se beneficie de estos acuerdos, y de la economía digital en su conjunto.
