Lo habíamos previsto, pero ahora podemos constatarlo: la Convención Constitucional estuvo, está y estará continuamente sometida a ataques que buscan destruir la base de su credibilidad. El objetivo no tiene fundamentos éticos, puesto que lo que busca no es el cumplimiento más virtuoso de la función pública, en este caso la constitucional, sino político, puesto que el verdadero propósito es, digámoslo de antemano, que el Pueblo de Chile rechace la propuesta de nueva constitución. No porque la propuesta vaya a ser mala, sino por el desprestigio de quienes la redactaron.
Así como ayer celebrábamos la sólida respuesta de la Mesa frente a la situación de Rodrigo Rojas Vade, hoy podemos señalar que la última acusación es ridícula. Siquiera insinuar corrupción de 12 constituyentes porque han recibido el IFE, cuando todos y todas sabemos que sus dietas de 2,5 millones de pesos entraron recién en vigencia el mes pasado, difícilmente puede ser visto como una acusación sólida o de buena fe. Recibimos el testimonio de una de las constituyentes, la cual estamos en condiciones de dar por cierta porque la conocemos previamente, que se entiende perfectamente: una persona que proviene de un hogar con ingresos modestos, que estudió en la Universidad con becas y créditos del Estado, que desde su egreso no ha tenido un trabajo estable y que tuvo un último ingreso por $500.000 el último mes de marzo ¿Quién podría sostener que una persona con estas características no tendría derecho al IFE? Con distintos matices y situaciones, realidades parecidas afectan al resto de los señalados.
Con esta acusación, no solo se está atacando a la Convención Constitucional, sino que también se está poniendo un manto de dudas sobre el funcionamiento del IFE, que es una política pública que ha brindado ayuda real a millones de familias chilenas que lo han requerido. Entre ellas, están muchos constituyentes, porque una de las cosas que distingue a este órgano representativo de otros, como por ejemplo el Parlamento, es que un porcentaje importante de sus integrantes proviene de los sectores populares. Esa diversidad es una enorme fortaleza, no una debilidad, y por lo tanto es perfectamente legítimo que en circunstancias de crisis económica y antes de que asumieran como constituyentes accedieran a las ayudas del Estado.
Si los sectores del Rechazo no hubieran tenido una elocuente derrota política en la elección de la Convención, si hubieran tenido los cuórums para obstruir las transformaciones que contendrá la redacción de la Constitución, muy probablemente esta campaña no se hubiera desarrollado con esta ferocidad. Intuyen, y con razón, que su incidencia dentro del proceso constituyente será menor, y por lo tanto apuestan a que el mensajero, en este caso la Convención, esté tan desprestigiado que el Pueblo rechace el mensaje.
Nos hacemos la pregunta de que es lo que realmente desean quienes promueven y ejecutan estas acciones ¿Qué pasaría en Chile si siguiera vigente la Constitución de 1980? ¿Estas personas y grupos piensan que la efervescencia social y la necesidad de cambios se esfumaría en el aire y no pasaría nada? La respuesta parece clara: la crisis es real, para ella se ha definido una salida institucional clara y lo más razonable sería apoyarla, en vez de tratar que fracase.
