La SIP y el temor de los medios empresariales ante el proceso constituyente chileno

Era cuestión de tiempo: la Convención Constucional chilena, que esta semana ha echado a andar en su camino definitivo hacia la redacción de una Nueva Carta Magna que sustituirá aquella impuesta por la dictadura cívico-militar hace 41 años, ha recibido un nuevo embate. Depositaria del gran anhelo de cambio otorgado por la ciudadanía en el propósito de sentar las bases de una sociedad liberada del modelo neoliberal que ha regido a Chile en el último medio siglo, la Convención suma en contra ahora la negativa conceptualización de su quehacer que hace la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, que representa los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos más poderosos del continente.

Era cuestión de tiempo: la Convención Constucional chilena, que esta semana ha echado a andar en su camino definitivo hacia la redacción de una Nueva Carta Magna que sustituirá aquella impuesta por la dictadura cívico-militar hace 41 años, ha recibido un nuevo embate. Depositaria del gran anhelo de cambio otorgado por la ciudadanía en el propósito de sentar las bases de una sociedad liberada del modelo neoliberal que ha regido a Chile en el último medio siglo, la Convención suma en contra ahora la negativa conceptualización de su quehacer que hace la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, que representa los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos más poderosos del continente.

La agencia española de noticias EFE da cuenta del reciente Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el estado de la libertad de prensa en Chile, destacando que tres normas ya aprobadas del Reglamento de la Convención que redactará la nueva Constitución pueden tener repercusiones sobre la libertad de expresión.

El documento, que es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, alertó sobre un artículo que sanciona a los convencionales por actos de negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos y demás  delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, así como los ocurridos durante el llamado “estallido social” de octubre de 2019 bajoel actual gobierno de Sebastián Piñera.

La SIP alerta también acerca de otro artículo del mencionado Reglamento que condena las acciones que “niegan o minimizan” las atrocidades y el genocidio cultural hacia los pueblos originarios. Al respecto, afirma la entidad empresarial de las comunicaciones que esos artículos, aprobados hace un par de semanas, “aplican a los convencionales, pero podrían tener repercusiones sobre el estatuto de la libertad de expresión en la futura Constitución”, señala el reporte.

Una tercera norma, que podría eventualmente replicarse también en el texto constitucional, condena la desinformación entendida como “la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso”.  Al respecto, el Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa se pronuncia en los siguientes términos: “La preocupación es que ante esa definición exigirá que la Comisión de Ética determine la ‘verdad oficial’, mientras que el término ‘debiendo saber que es falso’, es ambiguo”, agrega.

Del mismo modo, la SIP denuncia también que las autoridades de la Convención Constituyente “limitaron el acceso de los medios a ciertos espacios de debate y al propio edificio” argumentando razones sanitarias, aunque finalmente “las protestas de los gremios periodísticos (¿?) revirtieron la situación”.

La SIP celebra desde este martes de modo virtual su 77ª. Asamblea General, teniendo como ejes centrales de sus deliberaciones la libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios de comunicación, en una ceremonia inaugural en la que el principal orador será el escritor nicaragüense Sergio Ramírez.





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