Con el objetivo de recabar evidencias sobre un presunto fraude de subvenciones y con la orden del 7° Juzgado de Garantía, el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros junto a funcionarios del GOPE y personal de la Unidad de Lavado de Activos de Carabineros allanaron dos sedes del partido Comunes este viernes. Esto tras la publicación de Ciper que dio cuenta que siete asesores de la campaña a la Gobernación de Karina Oliva emitieron boletas por un total de $137 millones.

A la sede ubicada en el barrio Concha y Toro de la comuna de Santiago y a la que se encuentra en calle Merced, los efectivos forzaron la entrada e hicieron ingreso con armas. En el marco del operativo el fiscal de Alta Complejidad Milibor Bugueño, de la Fiscalía Metropolitana Sur -quien acompañó estas indagatorias- sostuvo que “en virtud de una denuncia que se realizó sobre el posible financiamiento ilegal de la política, se realizaron a partir de ayer distintas diligencias”. 

Esto con la finalidad de “establecer de la forma más clara posible, la comisión o no de hechos constitutivos de delito y la participación o no de determinadas personas”, agregó.

Asimismo explicó que “se intentó solicitar la autorización voluntaria para el ingreso y registro en distintos lugares. Como no se logró, se pidió autorización judicial respectiva y se están realizando estas distintas diligencias a través del día para reunir la mayor cantidad de antecedentes”.

Y es que previo a los allanamientos, el fiscal Barros se apersonó en el domicilio de la candidata a senadora por la Región Metropolitana, no obstante, no hubo contacto con Oliva. “En el lugar nos informaron que ella no se encontraba, pero sí se han realizado muchas otras diligencias tendientes efectivamente a que pudiéramos obtener la mayor cantidad de información posible en esta etapa temprana de la investigación”, indicó Burgueño.

El hecho provocó la indignación al interior del partido. La Directiva Nacional de Comunes emitió un comunicado en el que se señaló que la diligencia no fue informada previamente a ninguna de sus integrantes y que el operativo de llevó a cabo en su ausencia.

En eso se recalcó que la directiva pidió la renuncia a cargos partidarios como Jorge Ramírez y que se hizo efectiva la suspensión de militantes mediante dispositivos partidarios propios. En atención a eso en el comunicado se afirma que “la acción judicial, realizada en nuestra ausencia y televisada, carece de toda lógica, desde el punto de vista judicial”.

Asimismo se calificó la medida decretada por Fiscalía y Carabineros de Chile como desproporcionada e injustificada al tiempo que se hizo notar que “a días de las elecciones nos parece un acto que falta al debido proceso y más grave aún se constituye como una ofensiva de intervencionismo electoral“.

🔴A propósito del allanamiento del GOPE a nuestra sede, como dirección transitoria del Partido Comunes declaramos: pic.twitter.com/XNw4PlroNG

— Comunes 🌳🇨🇱 (@ComunesCL) November 20, 2021

La situación fue ampliamente reprobada por figuras de Apruebo Dignidad. El candidato presidencial del conglomerado, Gabriel Boric, aseveró vía Twitter que los casos como los de Karina Oliva deben ser investigados sin matices. Sin embargo destacó que “en la democracia que aspiramos las policías no allanan con metralletas a organizaciones políticas opositoras con transmisión en vivo a horas de una elección”.

Carta al INDH

Una de las medidas adoptadas por Comunes tras los allanamientos fue emanar un oficio al titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, con el objetivo de que el organismo se pronuncie y tome medidas judiciales al respecto.

“La desproporción de la acción, llevada a cabo por efectivos armados, sin justificación judicial y a horas de las elecciones de este domingo 21 de noviembre, constituye una abierta vulneración de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral”, redactó la directiva en la misiva dirigida a Micco.

En esa línea, las representantes de Comunes señalaron que “creemos que al INDH, en tanto órgano autónoma de derechos humanos, le corresponde condenar este atentado a la democracia y exigir al Estado de Chile el cumplimiento de sus compromisos, tanto a nivel interamericano como internacional, con los derechos humanos y las libertades fundamentales”.