Luego de los últimos hechos de violencia registrados la jornada de ayer martes en la Macrozona Sur, expertos insistieron en que las iniciativas que ha empleado el Gobierno para frenar esta situación han sido insuficientes.

Esto, tras reportarse los asesinatos del parcelero y dirigente Joel Ovalle, en la Región de La Araucanía, y del trabajador forestal de origen mapuche, César Millahual, en el sector de Cañete en la Región del Biobío, acontecimientos que, además, coincidieron con la aprobación de la séptima prórroga del Presidente Sebastián Piñera para ampliar el Estado de Excepción de Emergencia para cuatro provincias del sector.

De esta forma, la medida –que comenzó a regir desde el pasado 12 de octubre- se extenderá hasta el miércoles 9 de febrero.

La académica mapuche del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, planteó la importancia de no vincular a priori estos hechos con la causa mapuche.

En ese sentido señaló que “generalmente se ha instado que Macrozona Sur es igual a demandas del pueblo mapuche por restitución de tierras, por control territorial, etcétera; sin embargo, en este caso hay que investigar que efectivamente esto esté relacionado con la causa mapuche, cuestión que no podemos de buenas a primeras señalar”.

Asimismo, Figueroa criticó la nueva prórroga presidencial, señalando que “estamos ante un gobierno que está de salida y que ha insistido en mantener estas medidas que no solamente coartan derechos, sino que además se convierte en un espacio donde siguen surgiendo situaciones como éstas y que no siempre terminan clarificándose”.

Por ello destacó como clave la disposición al diálogo, sin vetos, que ha mostrado el presidente electo Gabriel Boric, aunque consideró que es esencial que el próximo gobierno defina la estrategia con que se llevará adelante esta labor, “por dónde se va a partir, cuáles van a ser los mecanismos para generar la confianza, cuáles van a ser las señales políticas. No puede continuar militarizada la Araucanía o la región o un Estado de Emergencia si es que se quiere conversar”.

Por su parte, el historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Claudio Alvarado Lincopi, sostuvo que “la violencia ocurre en el Wallmapu es algo que hay que tratar políticamente y desafortunadamente este gobierno no ha construido un camino para establecer una ruta en la Araucanía, en el Biobío o en las regiones adyacentes”.

Bajo ese contexto, consideró como urgente que la próxima administración “desenvuelva otros procesos para buscar soluciones políticas a esto. Si bien es cierto que lo que sucede en Wallmapu tiene que ver con violencia y empobrecimiento, ambos elementos están íntimamente enlazados con un fenómeno de mayor envergadura, que tiene que ver con la relación entre el Estado, la sociedad chilena y la sociedad mapuche”.

“Hay una relación histórica, que tiene que ver con tierras, con capacidades políticas de decisión de cada una de las partes con cuestiones de autonomía, de plurinacionalidad que hay que tomar en serio y por ahí buscar. Más violencia en la Araucanía ha cosechado vidas y eso hay que lamentarlo de lado que venga”, añadió Alvarado.

En tanto, el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche Enama, Hugo Alcamán, mencionó las tres aristas que debieran abordarse en su conjunto para dar una salida a este conflicto, relativas a la delincuencia, a las demandas políticas del pueblo mapuche y la falta de respuestas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Conadi por la compra de tierras.

Es por esto que aseveró que “el próximo gobierno tiene que enfrentar las tres aristas al mismo tiempo. Atacar a una sola no va a funcionar, Segundo, tiene que atender el trabajo que están haciendo los constituyentes indígenas en la Convención Constitucional. Como organización ya llevamos un par de décadas metidos en este problema, pero nadie hace caso”.

“La arista de delincuencia está bien, hay un delegado de la Macrozona Sur que coordina las policías, hay un apoyo a través del estado de excepción, pero no atacar el problema político, de nuestras demandas que están reconocidas por Chile ante la comunidad internacional, la declaración de las Naciones Unidas, la OIT, ya crea todo un ambiente de molestia”, comentó el dirigente.