El uribismo sin Uribe es uno de los fantasmas que cruzan la elección presidencial que tendrá lugar este domingo en Colombia. El otro es el de la consolidación de la seguridad ciudadana sin Uribe e incluso contra los excesos del uribismo en su combate a las guerrillas de las FARC.

Impedido de participar en una tercera elección consecutiva, el actual presidente fue inevitablemente el gran factor de la campaña, por el 70% de popularidad que consiguió en una doble gestión de ocho años y cuyo centro fue el combate violento contra la violencia.

Pero sus métodos parecen confinar ese apoyo en las encuestas sólo a un agradecimiento personal por su denuedo. Políticamente, eso se traduce en dos hechos: la preocupación de los colombianos por las consecuencias en las relaciones con los países vecinos y en una situación económica que se grava precisamente por el deterioro de los lazos principalmente con Venezuela y Ecuador.

El otro hecho es de índole electoral: los candidatos que se identifican con las políticas del uribismo sólo llegan al 50 de las intenciones de voto en las encuestas.

Uno de éstos encabeza los aprontes: Juan Manuel Santos, economista y administrador que como ex ministro de Defensa, enfrenta serios cuestionamientos por un proceder que lo mantiene incluso enjuiciado en Ecuador, por el bombardeo dentro de ese país del campamento guerillero de “Raúl Reyes”, dirigente liquidado junto a sus compañeros en esa acción trasfronteriza.

En el segundo lugar de las preferencias se posicionó espectacularmente Antanas Mockus, un filósofo y matemático independiente, inclasificable políticamente, que se presenta bajo la bandera del partido Verde. Aunque dice que mantendrá los grandes rasgos de la política de Defensa de Uribe y Santos, aclara que ella debe ejecutarse con las manos limpias, dentro de la legalidad democrática y de una política de buena vecindad, con mantenga las buenas relaciones con los presidentes Chávez y Correa, así como Lula las tiene con éstos y a la vez con Obama, como antes las tuvo con Bush.

Estas no son meras expresiones diplomáticas, porque implican manejar el enojo de Ecuador, el boicot económico de Venezuela y el asunto de las bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Lo que marca la diferencia entre el uribismo y Mockus es el rechazo rotundo de éste  al amparo de los excesos del Ejército y las ilegalidades de paramilitares y bandas armadas del narcotráfico, que no han sido sólo toleradas por el gobierno, sino que recompensadas. Al ofrecer incentivos a los soldados  y poner precio a la cabeza de guerrilleros, esos grupos se lanzan a la caza y ejecución sin control,  muchas veces de inocentes, para obtener galones a través del número de bajas y capturas enemigas o para cobrar el dinero ofrecido.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones acaba de denunciar esos crímenes conocidos

en Colombia como “falsos positivos” y que la Fiscalía Nacional investiga en un número de más de l.800 casos, que si bien, según la ONU “no son parte de una política de Estado, tampoco son hechos aislados”.

Tales elementos juegan en esta contienda con nueve candidatos, que deberá resolverse sin duda en una segunda vuelta el 20 de junio. En medio de nuevos ataques y acciones de las FARC, grandes movilizaciones civiles –con los jóvenes actuando a través de las redes sociales de internet-, la renuncia intempestiva del ministro de Defensa, numerosos enjuiciamientos de criminales políticos y amenazas de muerte contra un candidato de izquierda que fue guerrillero, la gran pregunta es hasta qué punto pueden ser decisivas las elecciones.