El año 2020, los/as ciudadanos/as de Chile acudimos a las urnas para manifestar nuestra voluntad respecto de dos temáticas fundamentales: primero, el plebiscito para definir si se quería o no una nueva Constitución, y segundo, qué tipo de órgano debería llevar a cabo el proceso de elaborarla. Los resultados publicados en el SERVEL sobre esa decisión popular fueron los siguientes: por una nueva Constitución un 78, 31% de apruebo y repecto del tipo de órgano redactor un 79, 18% optó por la convención constitucional en oposición a 20,82% convención mixta constitucional. Recordemos cómo se explicó desde el Servicio Electoral (SERVEL) el carácter y sentido del plebiscito de entrada:
“Este 25 de octubre el Plebiscito Nacional dará la posibilidad a cada elector de aprobar o rechazar la redacción de una Nueva Constitución, además del órgano que debiera redactarla en caso de ganar la opción «apruebo»: una “Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio o una “Convención Constitucional” conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.”
Debido a que el proyecto constitucional propuesto por dicha convención fue rechazado, (que es lo único que se ha rechazado), se procede, desde los partidos políticos a sostener la voluntad ciudadana tomada el 2020 de redactar una nueva constitución, pero se omite la segunda decisión, la redacción por una Convención conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. ¿por qué?
Todo el mundo entendió que lo que se rechazó fue el texto, pero, ¿cómo es que, rápidamente, se deduce que también se rechazó el tipo de órgano que debiera redactarla? Tan rápida deducción es, compleja para efectos de la legitimación de un proceso democrático ya realizado.
¿Cómo es posible que la clase política tome decisiones pasando por alto la voluntad ciudadana? Más aun, considerando según encuestas recientes, que los “políticos” aparecen tan poco valorados por la ciudadanía. Es así que en noviembre 2022 dos encuestas lo dejan claro. Un estudio de IPSO y Espacio público que se dio a conocer por CNN, reveló que 66% de los encuestados evalúa negativamente a los actores políticos que están negociando actualmente un acuerdo para una nueva constitución. A su vez la encuesta de Criteria, del mismo mes, revela frente a la pregunta ¿crees que los partidos políticos son indispensables para gobernar en el país? Un 61% de los encuestados cree que no.
Así se deduce de manera lógica y evidente, que justamente el grupo de actores políticos que recibe un 66% de rechazo a su labor hoy en el 2022, rechazo que también se expresó en las urnas el 2020 (79,18%), toman decisiones, prescindiendo del resultado del plebiscito de entrada, argumentando además que “la gente quiere” hoy una convención con expertos designados; sin tener ningún respaldo para atribuirse la representación de lo que la gente quiere. Enfatizan la participación de ‘expertos’ elegidos por ellos mismos, “ellos”, quienes no tienen apoyo popular mayoritario para hacerlo. ¿Qué parte de la voluntad ciudadana, no se entiende?, ¿por qué la voluntad ciudadana no se está respetando?, ¿Qué está pasando con nuestra democracia?, ¿Quién la cuida?
Eva Fuenzalida M.
Docente, consultora organizacional.
